Jueces.- Magistrados y jueces de Las Palmas protestan mañana "hartos" del atasco judicial y de "injerencias políticas"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Magistrados y jueces de Las Palmas protestarán mañana "hartos" del atasco judicial de los órganos de las islas y de "injerencias" del poder político en su actividad, ejercicio para el que exigen "dignificación" y "respeto institucional", al tiempo que rechazan que sus reivindicaciones estén relacionadas con una cuestión de "corporativismo" vinculado a la sanción impuesta al juez del 'Caso Mari Luz', Rafael Tirado.

En entrevistas concedidas a Europa Press, portavoces y miembros de los colectivos Asociación Francisco de Vitoria (AFV), Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional por la Magistratura (APM) coinciden en afirmar categóricamente que los jueces tienen derecho a huelga porque la Constitución no lo prohíbe, aunque se decantan por mantener la negociación hasta junio con el Ministerio de Justicia tras su "tono conciliador" y al considerar sus reivindicaciones como "asumibles".

Todos los titulares de órganos judiciales, unipersonales y colegiados, del territorio de Las Palmas se reunirán este miércoles, a las 19.00 horas, en la Sala de Jurados de la Audiencia Provincial de Las Palmas --convocados por JpD, AFV y FJI--, donde se intentará la participación por videoconferencia de los magistrados con destino en Fuerteventura y Lanzarote, con el fin de adoptar acuerdos de evaluación de los avances realizados en la consecución de las reivindicaciones de la carrera judicial para la mejora de la justicia, especialmente las medidas que se proponen desde diversos sectores como la Comisión Interasociativa Permanente.

El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y miembro de AFV, Ricardo Moyano, aseguró que la asamblea "tiene un carácter de protesta" y se podría decidir si secundar paros para el próximo 18 de febrero, tal como han aprobado ya determinados partidos judiciales (Murcia, Extremadura y Zamora) o celebrar "actos reivindicativos" en febrero, como podrían ser concentraciones a las puertas de los juzgados, y aplazar la huelga hasta el 26 de junio si para esa fecha no se han visto atendidas sus demandas, dirigidas a la modernización de la Justicia.

Moyano consideró "positivo" que el Ministerio, tras "declaraciones descalificantes", "haya reconocido que son asumibles las reivindicaciones, luego reconoce que hay una falta de medios y de juzgados". "El miedo nuestro es que no se quede en una declaración de intenciones, sino que haya un calendario y medidas concretas y en un plazo razonable se vayan implantando las medidas que necesita la justicia", apostilló.

PROPONEN UN PLAN QUINQUENAL

El magistrado reclamó "dignificación" para los jueces y que se les tenga "un poquito de respeto como poder judicial frente a esas injerencias políticas o declaraciones extemporáneas que interfieren" en su función. Además de que reclamó mayores medios materiales ante unas instalaciones "caóticas" que carecen "incluso de trituradoras de papel" y poseen "ordenadores que no están conectados y muchas veces tienen versiones anticuadas de programas o sin memoria suficiente".

En este sentido, planteó emprender un plan quinquenal y "que cada año se viera un avance". "Ahora la base del poder judicial no ha aguantado más y la situación se ha hecho insostenible", agregó Moyano, para quien la sanción al juez del 'caso Mari Luz', Rafael Tirado, es "puntual". "Todos podemos ser Tirado porque no hay una garantía al cien por cien de que se pueda controlar todo el papel que entra", aseveró, al tiempo que admitió que "el paso al documento electrónico no es sencillo pero hay que ir en esa orientación", ya que actualmente "se pueden perder expedientes, lo que supone un grave daño porque no todo está duplicado en el ordenador".

Al igual que los representantes de los colectivos JpD, FJI y APM, el miembro de AFV afirmó que sus protestas no tienen que ver con "una cuestión de corporativismo porque todos los años se sanciona a jueces, pero esto sí revela la falta de medios cuando ya se dispara contra el juez al que no se le dan los medios necesarios".

"Este movimiento de protesta empezó por jueces de base y mujeres generalmente por la dificultad de conciliar vida familiar y laboral", agregó Moyano, que resaltó que en las secciones civiles "las cargas fijadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son desproporcionadas".

RACIONALIZAR EL TRABAJO

Por su parte, el presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y miembro de Jueces para la Democracia (JpD), Humberto Guadalupe, incidió en que "es absolutamente falso y miente quien salga diciendo que se están planteando reivindicaciones económicas".

"Nosotros lo que estamos es hartos porque no podemos ya más con las cargas de trabajo y llevamos años diciéndole a todos los Consejos Generales del Poder Judicial que regularicen las cargas de trabajo y eso no se produce y cuando hay cualquier problema exigen la responsabilidad por un volumen de trabajo que saben que no lo podemos asumir".

Entre sus exigencias, planteó racionalizar el trabajo y crear más órganos judiciales con el fin de dar respuesta eficaz al servicio, al tiempo que criticó que "los gobiernos de las comunidades autónomas también tienen una parte de la responsabilidad porque no ponen los medios materiales".

El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Víctor Caba, destacó que haya "cambiado" la postura del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y muestre un "tono conciliador y esté por la labor de negociar y escuchar".

PACTO ENTRE PP Y PSOE

Al entender de Caba, hace falta un "gran pacto de Estado" entre los dos principales partidos a nivel nacional, PSOE y PP, para la reforma judicial, ya que considera que podría agotarse la legislatura sin emprender todas las iniciativas necesarias.

"No es cuestión de que un solo gobierno afronte el problema o que se use políticamente. A todos los gobiernos compete solucionar este problema al margen de colores políticos ya que no se trata de un pulso a este Ejecutivo central en concreto", apostilló el magistrado.

Caba confesó disponer en su despacho de "un armario lleno de asuntos desde hace tres o cuatro meses esperando tener fecha libre para poder señalarlos porque no se va al día". "Aparte de los medios materiales nos faltan jueces que resuelvan, además de fiscales y funcionarios", manifestó el portavoz de FJI.

Por último, el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Salvador Alba Mesa, aclaró que pese a que su colectivo no participa en la convocatoria de este miércoles, participará en ella defendiendo las propuestas de la Comisión Interasociativa Permanente, que reclama, entre otros asuntos, la modernización de la oficina judicial, la implantación de las nuevas tecnologías y la supresión del traslado forzoso como medida para la conciliación familiar.

Si bien mostró su satisfacción por la "muestra de buena voluntad" del Ministerio de Justicia, apuntó que "el Ejecutivo va a querer evitar la huelga de jueces por todos los medios porque sería una huelga histórica". Ante ello, reiteró que los jueces no sólo exigen "buena voluntad, sino medidas concretas y un calendario de trabajo".