LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de la Presidencia del Gobierno español publica hoy una orden en el Boletín Oficial del Estado por "la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se dispone la creación de la autoridad de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias y se establecen normas para su actuación", orden en la que se deja la puerta abierta a utilizar a las Fuerzas Armadas para frenar la inmigración por su "especial incidencia" en las Islas.
La orden recuerda que "el Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de octubre de 2006 y a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia y de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa, Interior, Fomento y Trabajo y Asuntos Sociales, ha adoptado el Acuerdo por el que se dispone la creación de la autoridad de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias y se establecen normas para su actuación".
Para el Gabinete Zapatero, "la situación de la inmigración ilegal, puesta de manifiesto en los últimos meses de forma notoria en las Islas Canarias, exige la adopción de medidas urgentes conducentes a centralizar los esfuerzos de todas las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en relación con la inmigración en Canarias, y la estrecha coordinación de todos los organismos relacionados y medios disponibles, tanto en el ámbito marítimo, aéreo, como terrestre, que se empleen para afrontarla. La situación geográfica de Canarias, avanzada frente a la costa occidental de África, y el hecho de disponer sólo de fronteras marítimas, hace que el problema de la inmigración irregular tenga una especial incidencia y que su control y gestión revistan una mayor dificultad".
A juicio de Madrid, "la vigilancia y control de la frontera marítima entrañan particularidades que no poseen las fronteras terrestre y aérea, ya que obliga a realizar un importante esfuerzo de patrulla y vigilancia de una amplia superficie en la que, además, hay asumidas obligaciones internacionales de salvamento y rescate. Frente a la llegada de embarcaciones precarias (cayucos o pateras) con inmigrantes indocumentados y en difíciles condiciones humanitarias, el término "impermeabilizar las fronteras marítimas" sólo puede entenderse como el evitar su llegada inadvertida".
El Ejecutivo estatal dice que "las actuaciones ya puestas en marcha en Canarias para la gestión de su frontera marítima van encaminadas a la vigilancia y control con medios aéreos, de superficie y en tierra para disuadir a las embarcaciones que trafican con inmigrantes, evitar la salida de las costas africanas y su entrada inadvertida y asegurar la asistencia humanitaria y el rescate de los inmigrantes en caso necesario. En estas actuaciones, además del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), se ven involucrados el Ministerio de Fomento, en materia de Salvamento y Seguridad Marítima, a través de las Capitanías Marítimas y de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR); el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, ocasionalmente, unidades del Instituto Social de la Marina (ISM) adscrito al mismo; el Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera (DAVA); y el Ministerio de Defensa con la participación de las Fuerzas Armadas (FAS), en apoyo de las autoridades civiles y de las FCSE, con las operaciones NOBLE CENTINELA (vigilancia marítima) y ALFA-INDIA (campamentos temporales de acogida)".
Igualmente, reseña, "debe tenerse también presente la colaboración de medios dependientes de las autoridades locales y autonómicas -policías locales y del Grupo de Intervención de Emergencias (GIE)-, así como de Organizaciones No Gubernamentales, especialmente la Cruz Roja. Por otra parte, las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno en los países origen de los flujos migratorios, mediante la realización de operaciones policiales conjuntas con medios terrestres, aéreos y navales, en misiones de impermeabilización y disuasión para evitar la inmigración irregular, constituyen la herramienta básica para hacer frente a la inmigración ilegal por vía marítima y a ello obedece la planificación de operaciones que, bajo el amparo de Proyectos y Mecanismos de Reacción Rápida (MRR) subvencionadas con programas de U.E., pretenden fundamentalmente frenar la salida de embarcaciones de las costas de Mauritania (operación CABO BLANCO) y Senegal (operación GOREÉ)".
En dichos proyectos bilaterales, "además de figurar medios marítimos y aéreos de la Guardia Civil, se integran otros del Cuerpo Nacional de Policía y del DAVA. Asimismo, y al amparo de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), se está llevando a cabo la operación HERA II en aguas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde, con participación de medios aéreos y navales de determinados países de la Unión Europea (Italia, Portugal y Finlandia). Es previsible que los medios comprometidos en esta operación tengan que ser incrementados con aportaciones adicionales de países de la UE, y en su defecto nacionales, no descartándose la participación del Ministerio de Defensa, en nueva operación en apoyo del Ministerio del Interior, fundamentalmente para incrementar las capacidades de vigilancia y detección con medios aéreos".
En opinión del Gobierno central, "para la eficaz puesta en marcha de todas estas actuaciones en el exterior, es pieza clave la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las oficinas de enlace puestas en marcha en el marco del proyecto SEA HORSE por la Unión Europea (encaminado al control de la inmigración ilegal por vía marítima y a fomentar la cooperación entre países de origen, tránsito y destino, en el que participan Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Italia, Alemania, Portugal, Francia y Bélgica). La optimización de los recursos empleados y de la información obtenida en las distintas actuaciones y la estrecha coordinación entre todos los organismos y unidades intervinientes al objeto de aunar esfuerzos para conseguir reducir los tráficos ilícitos de personas, obligan a una centralización a alto nivel de la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones, incluidas las destinadas a garantizar y salvaguardar la vida en la mar de los inmigrantes".
De acuerdo con todo ello, "el Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de octubre de 2006, ha adoptado el siguiente Acuerdo" por el que "se dispone, en los términos previstos en los apartados siguientes y en el ámbito de la Administración General del Estado, la centralización de la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones relacionadas con la inmigración ilegal en Canarias y los mecanismos necesarios para la utilización eficaz de todos los recursos humanos y materiales disponibles y la rápida y oportuna transferencia de información relativa a la inmigración, optimizando los resultados de todas las actuaciones en curso, que permitan colaborar en impedir la salida de embarcaciones de inmigrantes en los países de origen y evitar la llegada inadvertida de embarcaciones a Canarias; todo ello, de acuerdo con la legislación nacional e internacional vigente y con los convenios suscritos en materia de seguridad marítima y salvamento de la vida humana en la mar, protegiendo la vida de los inmigrantes náufragos y respetando su dignidad".