Podemos presenta una ley para buscar a bebés robados en Canarias hasta 2001

Rueda de prensa de Podemos
CEDIDA
Publicado 14/11/2018 13:28:18CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Podemos ha presentado este miércoles la Proposición de Ley de Menores Robados, una iniciativa que ya han registrado en el Parlamento de Canarias y que tiene como objetivo esclarecer la situación de los bebés robados durante el Franquismo y que, como novedad, extendería su búsqueda hasta el año 2001.

Esta propuesta ha sido presentada en una rueda de prensa que contó con la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana, y el diputado Manuel Marrero, y surge con la finalidad de que las víctimas se sientan protegidas y cuenten con tutela legal, así como para garantizar una ley que sirva de "paraguas" para que estas personas puedan acudir a los tribunales con la tutela de la administración y los procedimientos garantizados.

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos indicó que se trata de una ley pionera a nivel autonómico y nacional, pues veían "insuficiente" el modo en el que este asunto venía recogido en la Ley de Memoria Histórica de Canarias, actualmente en trámite.

Noemí Santana añadió que con esta propuesta han querido ir "más allá" porque creen que hay que reparar "todas las heridas" de esas personas que habían sufrido de alguna manera u otra el haber tenido en el seno familiar un problema de menores robados, un problema con bastante incidencia en Canarias, apostilló.

El diputado Manuel Marrero explicó que, tras la decisión de la Cámara de no incluir el caso de los menores robados dentro de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, su Grupo ha elaborado una proposición específica que recoge las características y necesidades concretas de los menores robados en el período franquista.

Manuel Marrero señaló que es la primera ley "completa" que se presenta en todo el Estado, puesto que las demás sólo dedican unas líneas a este asunto y la que ha presentado Podemos abarca desde el Golpe de Estado de 1936 hasta 2001.

Marrero indicó que Canarias fue un lugar donde estas prácticas se elevaron a un nivel exponencial bastante alto debido a tres cuestiones: el alejamiento del archipiélago, el caciquismo y la pobreza: "Con ese cóctel se vino a plantear una tremenda impunidad para que familias pobres, sin posibilidad de supervivencia, entregaran a sus hijos en casas cuna o directamente a otras personas y sacados de las islas".

El diputado habló de casos como el de una niña canaria que fue vendida por el Dr. Vela por 180.000 pesetas; personas que viven en otros países y que partieron de la Casa Cuna en Tenerife; otras que se han enterado de que son 'niños robados' cuando alguno de sus padres 'adoptivos' lo revelan al sufrir demencia senil o alzheimer, o el de una mujer en Güímar que fue separada de su familia con tan sólo ocho años.

Manuel Marrero indicó que los avales de su grupo para presentar esta ley son la legislación internacional, europea y nacional, y de manera especial, las asociaciones y colectivos de menores robados que existen en Canarias.

BANCO DE DATOS.

Entre los principales aspectos que recoge la propuesta de Podemos figuran el derecho a la información que deben tener las víctimas y sus familiares para poder recopilar todos aquellos datos que les den derecho a reencontrarse con su identidad. Para ello, plantean la creación de un banco de datos al que puedan tener acceso los afectados y que esté controlado y financiado por la administración.

Otros aspectos recogidos en la ley son el derecho a la tutela judicial, pues, según Manuel Marrero, "no puede ser que la gente esté sacando dinero de su bolsillo para averiguar lo que les ocurrió"; la reparación económica de las víctimas; el banco de ADN; la creación de una comisión canaria por el derecho a la identidad, que se plantea como un mecanismo de participación ciudadana y de control, y la financiación de la ley.

También introduce el 30 de agosto como Día de la Memoria de los Menores Robados y sus Familias, así como una unidad especial dentro de la Policía Canaria, formada por cuatro agentes -dos por cada provincia- dedicados a investigar dónde está la documentación, los registros de esas personas afectadas, que ofrezca datos que ayuden a los afectados y a sus familias que siguen intentando encontrarse.

En cuanto a su trámite parlamentario, Manuel Marrero precisó que aún no han hablado con los demás grupos, pero confía en que tendrán la "sensibilidad suficiente" para que no termine la legislatura sin que esta ley se haya podido aprobar. En cualquier caso, apuntó que dependerá de la respuesta del Consejo Consultivo, de que se apruebe la ponencia y pase a comisión, de manera que pueda estar aprobada en marzo o abril del año que viene.