Los presidentes de TSJ piden una "profunda" reforma de un sistema de Justicia "totalmente superado"

Archivo - Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes y presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España han mostrado un año más su preocupación sobre la situación general de la Justicia, con graves problemas de eficacia y de organización, y consideran que el sistema actual está "totalmente superado" y urge una "profunda" reforma del mismo.

Entienden que casi se podría hablar de la necesidad de "refundar" todo el sistema: "la Justicia, su diseño constitucional, el encaje institucional de su órgano de gobierno (CGPJ), su politización, real o aparente, y, cómo no, los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace décadas".

A ello suman dos acontecimientos que, a juicio de los presidentes y presidentas de los TSJ de España, ponen a la Justicia en riesgo de parálisis o colapso. De un lado, los retos pendientes año tras año; de otro, la grave situación de conflictividad actual por las huelgas y el grave deterioro del servicio público de Justicia.

Estas son algunas de las conclusiones de las XVIII Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de España, que se celebran estos días en La Palma y en las que los presidentes/as de los TSJ han puesto en común diversas experiencias y actuaciones que se llevan a cabo en sus tribunales, que consideran de interés para mejorar su organización y funcionamiento.

Entre estas destacan la elaboración de una agenda estratégica para los TSJ, la agrupación de partidos judiciales a efectos de realizar las guardias de fines de semana, las interacciones entre los órganos de gobierno del Poder Judicial y el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, su modernización tecnológica, la problemática de las comisiones de servicio y de las medidas de refuerzo, con especial referencia a la importante función que cumplen los jueces de adscripción territorial y las oficinas de justicia en los municipios.

Otra de las conclusiones apunta a la necesidad de las reformas pendientes: los proyectos legislativos de mejora organizativa, procesal y digital y la crisis institucional del CGPJ, con el colapso en los nombramientos judiciales.

En este sentido, lamentan que los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa, Procesal y Digital se han visto nuevamente frustrados en su tramitación parlamentaria, impidiendo materializar, entre otras medidas, fórmulas de gestión y organización más eficientes (todo lo relativo al funcionamiento colegiado de los juzgados y tribunales), así como medidas de agilización procesal, tecnológicas y de medios complementarios de resolución de conflictos.

Igualmente, critican que los responsables políticos han dejado transcurrir períodos temporales significativos (a lo largo de varias legislaturas), frustrando reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado.

CONFLICTIVIDAD LABORAL.

Los presidentes/as de los TSJ también han mostrado su enorme preocupación por la gravedad de la situación de conflictividad actual, con importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales, y enorme perjuicio a los ciudadanos. Por todo ello, urgen al necesario encuentro y diálogo entre las partes interesadas para encontrar una salida al conflicto, que permita cuanto antes volver a la normalidad en el trabajo en los juzgados y tribunales.

Asimismo, señalan que se han evidenciado no sólo demandas retributivas, sino también un anquilosamiento progresivo de las estructuras judiciales y una clara asimetría entre el diseño legal y la realidad de los juzgados. A este respecto, consideran que el reparto funcional en los órganos judiciales no responde a las necesidades de una administración moderna, lo que exige una reordenación de competencias a través de las necesarias reformas legales, poniendo siempre en el centro la relevancia de la función jurisdiccional.

Los presidentes/as reclaman además la "imperiosa" necesidad de adecuar la planta judicial al volumen e incremento de litigiosidad existente en nuestro país como forma de superar la actual lentitud de la Justicia. Al mismo tiempo, consideran imprescindible el incremento de la planta de jueces de adscripción territorial (JAT)
para contrarrestar las excesivas cargas de trabajo que arrastran muchos de los juzgados y tribunales, una vez constatada la política restrictiva en la creación de nuevos órganos.

Para las presidencias de los TSJ, los JAT constituyen el recurso profesional más eficaz para contener la sobrecarga que afecta cada vez más a un mayor número de órganos judiciales. Por tanto, ven obligada y urgente la desaparición de los obstáculos introducidos en la reforma orgánica del año 2018 (Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, que da nueva redacción al art. 347 bis LOPJ), tanto para su adscripción en funciones de refuerzo como para activar los mecanismos de la sustitución externa.

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA ACTIVIDAD GUBERNATIVA

Los presidentes/as de los TSJ de España concluyen, además, que la complejidad de la actividad propia del autogobierno del Poder Judicial, unida a la multiplicidad y diseminación territorial de órganos a los que involucra (CGPJ, Salas de Gobierno, presidencias y decanatos), exige de una planificación que establezca las líneas maestras, las prioridades y los compromisos de actuación de cada mandato del CGPJ.

Así, creen absolutamente necesario que el próximo CGPJ, en su momento, inicie su mandato con un ejercicio de planificación que resulte en un plan estratégico que explicite los compromisos de cada mandato y posibilite la adecuada rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sostienen que dicha planificación plurianual, convenientemente actualizada mediante planes anuales, sectoriales o temáticos, deberá orientar, ordenar y dar coherencia a la actuación del CGPJ, al tiempo que permitirá alinear a dichos planes la operativa de las Salas de Gobierno, presidencias y decanatos.

Con ese mismo objetivo, los presidentes de los TSJ insisten una vez más en la necesidad de mantener frecuentes reuniones temáticas con el CGPJ a fin de mejorar los niveles de coordinación en todo el ámbito del autogobierno judicial.

Igualmente, propugnan la modificación del sistema de medidas de selección para puestos de servicio y asesoramiento en los órganos constitucionales, Gobierno, y Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, debiendo crearse el número de plazas orgánicas suficientes, sin acudir al sistema de comisiones de servicios que privan a los Tribunales Superiores de Justicia de los limitados medios personales con los que cuentan.

Rechazan también los recortes generalizados que se han impuesto por el Ministerio de Justicia el pasado año y últimamente el día 16 de junio de 2023, denegando por motivos presupuestarios la autorización de medidas de refuerzo y apoyo propuestas por los Tribunales Superiores con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, fundadas en cargas de trabajo excesivas y retrasos estructurales por la insuficiencia de la planta judicial. Para los presidentes/as de los TSJ, esta decisión conlleva perjuicios gravísimos en agendas programadas con suspensiones de vistas y actuaciones necesarias, incrementando las dilaciones en los procesos.

Por último, señalan que desactivada la alerta sanitaria provocada por el COVID se solicite del Ministerio de Justicia que valore poner fin a la situación de crisis sanitaria a los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria 2. de la Ley 3/2020; o, en su defecto, el CGPJ proceda a adoptar las medidas de adaptación a la situación sanitaria
existente en la actualidad.