LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que 22.000 familias canarias han recibido ya en el archipiélago las ayudas de 2.500 euros del denominado 'cheque bebé' para favorecer la natalidad, lo que supone un gasto total del Estado de 55 millones de euros.
Además, Zapatero defendió otras medidas sociales que ha implantado el Gobierno del PSOE y precisó que, en el caso de Canarias, ya suman 15.000 padres los que han disfrutado del permiso de paternidad desde su implantación.
El presidente del Gobierno pidió también que las comunidades autónomas se dejen de "excusas" en la aplicación de la Ley de Dependencia, "pues el Ejecutivo central ha destinado 1.200 millones de euros". "Que algunos no pongan excusas porque el Gobierno ha puesto los recursos suficientes", sentenció.
Los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas (CC.AA) gobernadas por el PP, entre ellos la directora general de Canarias, Araceli Sánchez, pidieron el pasado 27 de octubre al Gobierno "financiación suficiente y sostenible en el tiempo" para desarrollar la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como que se "anticipe" la revisión prevista de esta norma respecto a su aplicación, con el fin de mejorar el procedimiento y agilizar los trámites para dar "una mejor respuesta a los ciudadanos".
Estas demandas se recogen en un documento elaborado hoy en Valencia durante el transcurso de una reunión, el II Foro sobre Dependencia en las Comunidades Autónomas, a la que asistieron los consejeros responsables de la atención a las personas en situación de dependencia de Canarias, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunitat Valenciana.
De hecho, la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha señalado que el Gobierno de España "recortará en un 27 por ciento, y no en un 24, el presupuesto destinado al archipiélago para desarrollar la Ley de Dependencia en 2008, por lo que, con esta financiación, el Estado no garantiza el derecho subjetivo de las personas a recibir estos servicios, por lo que serán la comunidades autónomas las que tengan que financiar esta ley, que debe ser cofinanciada al 50 por ciento entre el Estado y cada Comunidad Autónoma".
