Advierte de que familiares prefieren obtener una ayuda económica y sacar a las personas dependientes de los centros de día o residencias
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, afirmó hoy que el Ejecutivo regional ha aportado 132,4 millones de euros para la atención de personas dependientes en las islas en 2009, mientras que el Estado transfirió al archipiélago un total de 43,6 millones para la aplicación de la Ley de Dependencia.
"No es de recibo seguir escuchando a entidades que no están legitimadas diciendo que Canarias no invierte" en dicha Ley, puesta en marcha en 2007, insistió la consejera en rueda de prensa en las Palmas de Gran Canaria.
Así, explicó que la financiación de la ley refleja que el pasado año el Estado destinó por nivel mínimo 21.851.873 euros, y, 9.791.944 euros por el nivel acordado, en virtud del convenio que firma cada año con las comunidades autónomas en función de sus habitantes, población dependiente y extensión territorial, criterio que Rojas consideró "injusto" para las islas. De este modo, señaló que el Gobierno central ha aportado 31.643.871 euros, a los que sumó más de 12 millones de euros para infraestructuras.
Por su parte, informó de que la Consejería regional de Bienestar Social ha aportado 36.720.025 euros en prestaciones económicas; además de 15.055.097 euros en prestaciones de servicio en centros de día y residencias; en gastos de gestión y valoración con más de cien trabajadores ha invertido 6.417.702 euros; 1,9 millones de euros inversiones en la construcción de plazas; y 35.637.860 euros para el mantenimiento y la creación de plazas.
Asimismo, añadió que la Consejería de Sanidad de Canarias ha invertido en servicios sanitarios para la atención de personas dependientes 12.164.581 euros y los cabildos aportan 24.541.147 euros en los servicios que tienen transferidos. De tal forma que defendió que el archipiélago ha invertido 132.436.411 euros.
Rojas recordó que a principios de 2008 por cada cien euros que se aportaba a la atención de los dependientes, Canarias invertía 95 euros y el Estado cinco, mientras que en la actualidad estos datos "han mejorado, pero es insuficiente" y se sitúa en "80 euros por el Gobierno regional y 20 el central", que denunció que "no ha construido ningún servicio para la Ley de Dependencia".
"LA EXCEPCIÓN SE CONVIRTIÓ EN NORMA"
La consejera expresó su preocupación por la "desinformación" y "confusión" sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, que "nació creando bastantes expectativas". En su opinión, cuando el Estado publicitó dicha normativa en 2007 "no dijo que la ley era por fases hasta 2015 y toda la gente que tiene una situación de dependencia entendió que le tocaba desde ya recibir los servicios que propicia la Ley".
Asimismo, criticó que la ley no ha incidido en la prevención a fin de "lograr que la gente llegue lo más tarde posible a una situación de dependencia".
No obstante, a su juicio, "la mayor confusión de todas y que está generando mucha decepción a mucha gente es que la gente creyó que la ley era una paga, una prestación económica", pero precisó que esto se contempla "como una excepcionalidad del cuidado en el entorno familiar". Sin embargo, admitió que "ante la demanda, la excepción se convirtió en norma y se han desvirtuado absolutamente los principios de esta ley que es dar unos servicios especializados de calidad".
Ante todo esto, señaló que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas han optado por prestación económica en el entorno familiar, lo que conlleva, según Rojas, "la pérdida de calidad en la atención de personas dependientes y la pérdida de empleos", ya que "la persona afectada o su familiar prefiere recibir la prestación económica y se va de la residencia o centro de día".
CERCA DE 60.000 PLAZAS VACANTES EN ESPAÑA
Eso ha motivado que en España existan 60.000 plazas que estaban ocupadas y ahora están vacantes porque "las familias han optado por cobrar de 300 a 510 euros y llevarse a su familiar a casa", arguyó. Además, indicó que, en el caso de Canarias, prácticamente el 50 por ciento de las plazas en residencias privadas están ocupadas concertadas mientras que la otra mitad están vacías.
Rojas también hizo especial hincapié en que en las islas los servicios para atender a las personas dependientes están descentralizados y los cabildos y ayuntamientos se encargan de ellos. Sin embargo, la ley "vuelve a centralizar todo" y otorga a las comunidades autónomas la responsabilidad, algo que, en su opinión, "crea una disfunción increíble" y "tira por la borda 10 años de experiencia de atención a estas personas" en el archipiélago.
Igualmente, planteó que el Gobierno central se ha dado cuenta de que la ley "se olvidó de atender a personas desde el servicio sanitario", por lo que apuntó que "las buenas prácticas" en Canarias en este sentido "va a servir de modelo del Libro Blanco en España para la política sanitaria" hacia los dependientes.
MÁS DE 5.000 PERSONAS RECIBEN UNA AYUDA ECONÓMICA
En el archipiélago hay más de 5.000 personas que reciben la prestación económica de cuidado en el entorno familiar, señaló Rojas, que insistió en la aplicación en Canarias del sistema canario de atención a la dependencia en colaboración con cabildos y ayuntamientos.
Rojas ofreció datos sobre los servicios de la Ley de Dependencia en las islas y, en el caso de los mayores dependientes, detalló que se atienden a más de 10.000 personas en prevención, alrededor de 3.000 en teleasistencia, más de 15.000 en ayuda a domicilio, 10.000 en centros residenciales y más de 5.000 reciben prestaciones económicas.
Asimismo, manifestó que existen 127 centros de atención a personas con discapacidad con más de 4.000 usuarios y más de 500 plazas de atención temprana.
