SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, jefe máximo en la coordinación y gestión de los planes de seguridad y emergencia del archipiélago, calificó ayer en su comparecencia ante la comisión que investiga las consecuencias del Delta en las islas, como "desastrosa" la política informativa observada por la empresa Unelco-Endesa durante la crisis que originó el paso de esa tormenta tropical por Canarias.
Ruano aseguró que la información proporcionada por la eléctrica "carecía de veracidad y certeza" al punto que el Gobierno regional decidió desmarcarse de los datos que brindaba la empresa. Así, el Ejecutivo canario "decidió dejar por fuera a Unelco-Endesa" en las comparecencias que la Administración brindó a los medios de comunicación durante los días que duró la crisis.
"El Gobierno es consciente del malestar que produjo en la población las declaraciones de la empresa eléctrica, que no ofreció datos ciertos ni veraces", apuntó Ruano. "Si la gente hubiera sido informada desde el principio de que el restablecimiento del servicio de luz iba a tardar tres o cuatro días, la población hubiera adecuado sus patrones de comportamiento a ese tiempo. En cambio, Unelco-Endesa emitió informaciones sin claridad de las que el Ejecutivo prefirió desmarcarse porque la condición de veracidad, que es condición fundamental de la credibilidad, estuvo ausente".
El consejero de Presidencia afirmó que en los días posteriores al paso de la tormenta "la población presentó miles de reclamaciones contra Unelco-Endesa" y explicó que si llegan a ventilarse ante los tribunales de justicia, "la eléctrica tendrá que demostrar ante los jueces su tesis de que el corte eléctrico se debió a una causa mayor que la excluye de responsabilidades". Así dio contestación a una pregunta del diputado socialista Julio Cruz, quien se interesó por conocer si la empresa "asumirá o no" las indemnizaciones a la sociedad provocadas por el corte del suministro de electricidad.
En todo caso, indicó Ruano, "la fuente oficial en España de los datos meteorológicos, el Instituto Nacional de Meteorología (INM) publicó un informe 15 días después del paso del Delta por las islas en el que señala que los vientos medidos por sus anemómetros superaron los 115 kilómetros por hora, lo que debe ser considerado como un hecho relevante al asignar esas responsabilidades".
Precisamente, sobre el INM Ruano aseguró que "sus partes provocaron que el Gobierno canario activara la prealerta y alerta por fenómeno meteorológico adverso pero no hacían prever la verdadera intensidad del fenómeno". El Ejecutivo regional, no obstante, "acertó en las medidas preventivas y la gestión de los vientos huracanados porque no se conformó con la información brindada por el INM sino que siguió la evolución y desarrollo de la tormenta a través del Centro de Huracanes de Miami".
Ruano expresó que el INM "carece de los medios necesarios para enfrentar un fenómeno como el Delta" y planteó que "quizás convenga que Canarias desarrolle las competencias que ya tiene en materia de meteorología, mediante la creación de su propio instituto regional, o que el INM potencie sus instalaciones y personal en las islas, o incluso, que se hagan ambas cosas". Además, el consejero propuso que "a futuro" Canarias se "suscriba" al Centro de Huracanes de Miami.
Ruano señaló que el Grupo de Predicción y Vigilancia (GPV) del INM en Canarias "sólo cuenta con un rádar para sus funciones ubicado en la isla de Gran Canaria, y ninguno en las islas occidentales". En la mañana del día que ocurrió la tormenta (el 28 de noviembre), "el Gobierno canario mantuvo contactos telefónicos con el GPV para conocer el desenvolvimiento de la tormenta. El contenido de una de esas conversación revela que la información que manejaba el INM era de un relajamiento tal que se deduce que ese instituto para aquel momento aún no había comprendido la dimensión de la tormenta ni había empleado los datos que el Centro de Huracanes de Miami ya había publicado".
El máximo responsable autonómico en materia de seguridad anunció que el Gobierno "estudia en estos momentos nuevos emplazamientos para las sedes de las salas de crisis del Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencia (Cecoes) tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria". En la capital tinerfeña, el Ejecutivo "evalúa dos opciones, mientras que en la capital oriental se está estudiando otra posibilidad". La Administración decidió cambiar la ubicación de la sala de crisis del Cecoes a raíz del Delta "y ahora buscamos que estén en lugares bien comunicados por tierra pero también deben estar situados cerca del mar".
Acerca del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), el consejero aseguró que "fue bien activado y el Gobierno autonómico estableció un grado adecuado de coordinación con el resto de las administraciones". Ruano añadió que "el Ejecutivo canario dio una buena respuesta a la crisis".
La diputada nacionalista, Belén Allende, afirmó que "el subdelegado del Gobierno central en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Delgado Segura, dijo en su comparecencia ante esta comisión que nunca fue convocado de forma oficial a la sala de crisis del Cecoes".
Ruano valoró como "muy positivo" el papel que desempeñó el subdelegado en la sala de crisis del Cecoes y añadió que "resulta "incomprensible cómo Delgado Segura pudo manifestar que no fue convocado a la sala de crisis". El consejero negó con rotundidad esa aseveración e indicó que el subdelegado "sí fue convocado y, además, se comportó ejemplarmente porque él se encargó directamente de gestionar todos los asuntos de ámbito estatal que surgieron tras la llegada de la tormenta", concluyó.