SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos del sector público han advertido este lunes de que habrá un 2018 "caliente" si el Gobierno de Canarias sigue con su "silencio absoluto" para reunir a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos.
En declaraciones a los periodistas, el secretario general de Educación de Comisiones Obreras (CCOO), José Ramón Barroso, que intervino en calidad de portavoz, ha dicho que el Ejecutivo sigue "hurtando" la posibilidad de negociar a los empleados públicas las próximas cuentas autonómicas, exigiendo abrir un proceso para llegar a acuerdos plurianuales.
Por ello, han pedido a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas a los presupuestos con el fin de que se eliminen las partidas que van en contra de los derechos laborales de los trabajadores y que eso se debata en la Mesa General.
Barroso ha comentado que "es una falta de respeto" que aún no hayan contactado con el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, remarcando que los servicios públicos "llevan cargando" el peso de la crisis en los útlimos siete años.
En esa línea, ha señalado que el Ejecutivo debe "escuchar" a los sindicatos antes de aprobar el presupuesto, y si no es así, ha avanzado que habrá concentraciones de protesta a lo largo del próximo año.
Barroso ha dicho que se pueden tomar medidas "que no cuestan dinero" como la homologación de permisos, licencias y vacaciones, los descuentos por enfermedades o la ropa de trabajo, aparte de avanzar en la recuperación de las 35 horas semanales o la estabilización de las plantillas.
ALGUIEN "MIENTE" CON EL INFORME DE COMISIÓN PÚBLICA
Además, ha señalado que acudirán a los tribunales de justicia "si es cierto" que hay informe de la Comisión Pública que avala el presupuesto "cuando no se ha reunido". "Alguien está mintiendo y lo tendrá que decir el juez", ha agregado.
Pese a la subida de más de 400 millones de euros en los servicios públicos para el próximo año, ha señalado que los recursos siguen siendo "insuficientes", pues su peso global en las cuentas "cae", y en los últimos años se han perdido más de 8.000 empleados en la administración regional.
"Estamos con las manos atadas y el Gobierno de Canarias hace caso omiso", ha indicado.
