LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del 'Caso Faycán' Francisco Javier García García-Sotoca, ha citado por segunda vez al ex concejal de Urbanismo y Ordenación Territorial del municipio grancanario de Telde Benito Guillermo Reyes Rodríguez, que prestará declaración este jueves imputado por un presunto delito de prevaricación, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
El magistrado suspendió el pasado 10 de abril la declaración del también líder de la plataforma Agrupación Federal del Valle de Jinámar-Ciudadanos para el Cambio (AFV-Ciuca) porque su defensa no había tomado conocimiento de una pieza separada que "es imprescindible" para su derecho de defensa, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
También comparecerá este jueves, a partir de las 09.30 horas, en el marco de esta investigación sobre una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento teldense durante el anterior mandato local de PP y AFV-Ciuca, el ex jefe de Servicios de Ordenación Territorial, José Luis Mena, imputado por un presunto delito de cohecho.
Igualmente prestará declaración en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde Mario González Báez, ex empleado de la empresa Hermanos Santana Cazorla que trabajaba en la concejalía de Contratación y que está imputado por presunta prevaricación y alteración de precios.
"UN CIRCO".
En su anterior comparecencia ante el juez que fue suspendida, el edil Guillermo Reyes acusó al magistrado de "montar un circo" para finalmente no tomarle declaración. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguraron que la declaración se anuló a instancias del juez para facilitar al abogado de Reyes piezas del sumario que hasta ese momento eran secretas.
Reyes llegó al juzgado de Telde sobre las 12.30 horas jaleado por una treintena de simpatizantes, que gritaron varias consignas en favor del ex concejal e increparon a los periodistas exigiéndoles que digan "la verdad".
El ex concejal de Urbanismo aseguró el citado día que el juez "ha montado todo este circo al confundir una firma en una cédula de habitabilidad" que él no ha firmado. "Esto es de muy poca vergüenza, esto es una trama, nunca he firmado nada y no se de quién es esta firma. Alguien quiere que este circo siga", declaró a los medios, además de criticar la investigación de la Policía Nacional que "no se ha dado cuenta en tres años de investigación de que la firma" no era suya.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas incoó diligencias informativas por las declaraciones efectuadas por el concejal de AFV-Ciuca a su salida del edificio judicial, con el objeto de evaluar si Reyes pudo cometer algún tipo de delito, agregaron fuentes jurídicas.
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.
Por otro lado, la detención del que fuera jefe del servicio de Ordenación Territorial del Consistorio teldense, José Luis Mena, se produjo en mayo del 2007 y prestará declaración ante el juez este jueves en calidad de imputado por un presunto delito de cohecho por supuestas irregularidades en dicha concejalía.
Asimismo, prestará declaración uno de los empleados de la empresa constructora Santana Cazorla, que suscribió con el Consistorio varios contratos multimillonarios en la etapa en la que María Antonia Torres era concejala de Vías y Obras y Contratación del PP.
El magistrado tomó declaración a finales de enero y en calidad de testigos a empleados contratados por dicha empresa que ocupaban oficinas del área de Contratación.
Estos técnicos eran los que supuestamente debían fiscalizar los trabajos de reparación y mantenimiento de las vías públicas que hacía la empresa, una de las adjudicaciones de la ex edila que más polémica ocasionó.
Así, García investiga el contrato multimillonario firmado entre el Ayuntamiento y la empresa en enero de 2005 para el rebacheo de las carreteras a cambio de 2,1 millones de euros. Este acuerdo fue anulado por la Justicia por presuntas irregularidades en su adjudicación.
En total se eleva a 49 el número de imputados dentro del 'Caso Faycán', entre políticos, empresarios y funcionarios municipales, entre otros. Dicho caso se investiga desde el verano de 2005 y salió a la luz pública el 1 de marzo de 2006 con la detención por parte de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de la ex edil María Antonia Torres y su asesor en el departamento de Vías y Obras y Contratación, Francisco Gordillo, relacionados con el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas.