El TSJC da por caducada por segunda vez la declaración de Impacto Ambiental del Circuito del Motor de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una segunda sentencia que confirma la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Centro Insular del Motor de Tenerife, en este caso concreto sobre el 'Proyecto de adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al plan de defensas contra avenidas'.

La sentencia, fechada el 10 de junio, desestima el recurso de apelación interpuesto por el Cabildo y deja "al borde del desamparo" legal la continuidad de este proyecto, detalla la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife (ATAN) en una nota.

Por ello, la asociación solicitará al TSJC la paralización cautelar del proyecto al mismo tiempo que exige al Cabildo de Tenerife la "paralización inmediata e incondicional de cualquier actuación relacionada con el Circuito del Motor".

ATAN solicitará, además, la restauración del daño causado, devolviendo el lugar a su estado anterior.

La organización ecologista señala que tres sentencias de primera instancia y ahora dos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias "dejan claro que este proyecto no tiene cobertura legal, no tiene cobertura ambiental y no tiene futuro".

A su juicio, "seguir adelante con él sería una vulneración flagrante del Estado de Derecho".

Los ecologistas insisten en que "la ilegalidad es demoledora" porque la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2011 establecía "con claridad" que caducaría si las obras no comenzaban en un plazo de cinco años.

El Cabildo, señalan, "intentó hacer valer" un acta de replanteo del 23 de agosto de 2016 como prueba del inicio de las obras pero "el tribunal no se ha dejado engañar" pues "los propios documentos técnicos del Cabildo de noviembre de 2022 reconocen que el grado de ejecución del proyecto era del 0,0%".

Incluso, en julio de 2017, el propio Servicio Técnico de Innovación del Cabildo tuvo que proponer la resolución del contrato por "evidente estado de abandono de la obra".

"Esto no es una cuestión técnica ni una discrepancia interpretativa, es un intento deliberado de burlar la legalidad ambiental con documentos que el propio Cabildo ha desmentido con sus actuaciones posteriores", apuntan desde ATAN.

Asimismo, resalta la "obscena contradicción" en la que incurre la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, quien "ha enarbolado la bandera de la protección ambiental cuando le ha convenido políticamente pero se afana en defender con uñas y dientes un macroproyecto que acumula cinco sentencias contrarias".

"No se puede alardear de cuidado de la naturaleza la semana pasada con la cancelación del parque temático Underwater Gardens y esta semana recibir la quinta sentencia en contra del circuito sin actuar, ya es hora de que Rosa Dávila cumpla la ley", subrayan.

ATAN recuerda también que contra esta sentencia cabe recurso de casación por lo que avisa de que si el Cabildo decide interponerlo "estará destinando recursos públicos a seguir litigando contra la legalidad ambiental vigente, será una decisión que tendrá que explicar".