LAS PALMAS (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene previsto desalojar el centro comercial Morro Besudo, un viejo edifico ubicado en la urbanización turística de San Agustín que corre el riesgo de desplomarse en cualquier momento por el mal estado de su estructura, aunque cinco locales permanecen abiertos y sus responsables se niegan a cerrarlos, lo que impide que se ejecuten las obras de rehabilitación necesarias.
Los afectados aseguran que no se oponen a los trabajos de mejora, porque el deterioro del inmueble es evidente y ellos mismos resultarían beneficiados si se ejecutase el proyecto, pero exigen un compromiso por escrito que detalle con exactitud las obras a realizar, su duración y las indemnizaciones que recibirán por la clausura de sus negocios. "No tenemos ninguna información al respecto", explica Marcos Ginelli, que explota uno de los establecimientos y habla como portavoz de los inquilinos que se oponen al cierre.
Entre ellos está Martín Cruz Rivero. Lleva 20 años como arrendatario de un bar que no está dispuesto a desalojar, al menos durante estos meses de fiestas navideñas. "El edificio se cae a trozos, pero no puedo cerrar de la noche a la mañana porque mi familia depende de mis ingresos y hay que aprovechar la época para hacer caja", confiesa el pequeño empresario. Y en la misma línea se pronuncia Manfred Echardt, un alemán que explota desde hace seis años una cafetería de la que también viven su mujer y su hija. "En mayo no hay problema, pero ahora no me puedo permitir cerrar el negocio", añade.
Sin embargo, el proyecto para reforzar la estructura y rehabilitar el centro comercial no es nuevo. Un informe técnico emitido en enero de 2005 puso en entredicho las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, al concluir que las deficiencias existentes en algunos elementos estructurales han superado los márgenes de seguridad, lo que supone un grave riesgo para el uso del edificio.
De hecho, otro informe recomienda que se realicen catas para comprobar el estado de la estructura antes de comenzar las obras destinadas a su refuerzo, unos trabajos que se pusieron en marcha pero que fueron parados al poco de comenzar, debido al desprendimiento de un techo que casi afecta a varios usuarios del centro.
Por ello, la comunidad de propietarios solicita ahora al departamento de Urbanismo el desalojo completo de las instalaciones, para que las catas continúen sin poner en peligro la vida de nadie. También aporta la comunidad un acta notarial que recoge la negativa de algunos propietarios, inquilinos o arrendadores de locales a que se efectúen las obras.
El citado departamento municipal ya ha abierto el correspondiente expediente administrativo. En él se pone de manifiesto que las personas corren el riesgo de sufrir daños al haberse rebasado las condiciones de seguridad de la estructura, por lo que se recomienda solicitar las autorizaciones judiciales que permitan llevar a cabo las actuaciones proyectadas, entre ellas el desalojo del edificio.
Mientras, los afectados se resisten a aceptar la realidad y parecen dispuestos a atrincherarse en un recinto fantasma. Y es que sólo cinco locales siguen abiertos, al tiempo que varias vigas y puntales sostienen unas paredes a punto de desplomarse. Dicen que ellos no tienen la culpa, que el hundimiento del inmueble se debe al exceso de peso que en su momento causó la apertura de un supermercado en la parte alta del centro.
