SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Begoña de Almáciga lleva cuatro años esperando el ansiado informe que certifique que son un núcleo urbano. El martes se reunieron con el subdelegado del Gobierno, Carlos González Segura, un año después de su último encuentro en junio de 2005. A la cita acudió además el vocal del PSOE en el Tagoror de Anaga, Ruimán Izquierdo.
Las representantes de la mencionada AAVV fueron convocadas ayer a la sede de la subdelegación del Gobierno en la calle Viera y Clavijo de Santa Cruz a las seis de la tarde. Después del encuentro la secretaria de Nuestra Señora de Begoña explicó que, "hemos acordado que van a seguir presionando para que Política Territorial entregue el informe". Desde la AAVV han valorado la buena disposición de la Subdelegación, pero asumen que la Administración del Estado no "tiene capacidad para decidir en este pleito" y añadió que si fuera necesario llegarán hasta el Tribunal Contencioso Administrativo.
La ley que se les quiere aplicar data de 1988, pero tal como explica Carlos González Segura "se ha empezado a ejecutar por partes y le ha tocado a Almáciga". La competencia de facilitar el certificado de núcleo urbano para incluirlo en el informe de la Dirección General de Costas corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. González Segura afirma no entender por qué se ha retrasado tanto este certificado pero se compromete a hacer todo lo posible por acelerar la causa.
Sobre el deslinde de Costas, las vecinas explican que hay asentamientos rurales como el suyo, en los que sería conveniente reconocer el hecho urbano porque la servidumbre de cien metros dejaría fuera de ordenación a zonas como Tachero, Roque de las Bodegas o la propia Almáciga. En caso de considerarse como suelo urbano serían veinte metros y no cien, además de que debería tenerse en cuanto que estaban allí antes de la Ley de Costas.
Si se aplica la ley estas viviendas quedarían fuera de ordenación, es decir, sujetas a servidumbre, por lo que sus dueños ya no tendrían "propiedad plena, sus casas perderían valor y se verían afectadas por este gravamen", especificó Carlos González Segura.
La primera referencia histórica de Almáciga se remonta al siglo XVI, y hace alusión un ingenio de azúcar que se iba a emplazar en esta área. También existen documentos que hablan del naufragio de un barco francés en el siglo XIX, en el que participaron habitantes de Almáciga, aunque en aquel entonces Taganana era más conocida. Ya en el siglo XX y hasta nuestro días la fecha más destacada es la de llegada de la imagen de la Virgen de Begoña, regalo de los vascos, y que arribó a las costas de este pueblo en la década de los cincuenta.
La Ley 22/1988, de Costas, regula el espacio de la costa española que considera merecedor de una especial protección. Dicho espacio, que recibe la denominación de dominio público marítimo-terrestre, se configura, como su propia denominación indica, como bien de dominio público. Ello quiere decir que los terrenos integrados en el mismo son de propiedad del Estado, y se hallan sujetos a un régimen jurídico especial, de Derecho Administrativo, que establece una serie de facultades a favor de la Administración en orden a su protección y conservación.
El deslinde es un acto administrativo fruto de un complejo procedimiento, que incluye la realización de estudios sobre el terreno, informes de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. En él se declara, qué terrenos forman parte del dominio público, estableciendo sobre planos la denominada línea de deslinde, que servirá para delimitar, el dominio público de las propiedades privadas.
Para lograr una adecuada protección y conservación del litoral, así como para facilitar su uso público, la Ley de Costas no se limita a regular el dominio público marítimo-terrestre, sino que, además, impone una serie de limitaciones a las ocupaciones que puedan producirse en terrenos colindantes con el mismo. Estas limitaciones reciben la denominación de "servidumbres".
Hay tres tipos, en Almáciga se aplicaría la servidumbre de protección, que recae en una franja de 100 metros medida desde la ribera del mar. En zonas que fueran urbanas o urbanizables al entrar en vigor la Ley, podrá ser de 20 metros.
