SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Marisa Zamora, denunció ayer la utilización de un problema laboral con 35 trabajadores de menores de Gran Canaria para cuestionar la política de este departamento regional. Zamora reiteró que, en sus 10 meses de gestión, la conflictividad de los centros de menores con medidas judiciales ha diminuido un 90 por ciento. Con este dato defendió la labor desarrollada por el director general del Menor y la Familia, José Luís Arregui, responsable del desarrollo de las medidas adoptadas por los jueces.
Estas manifestaciones se dieron a conocer en una comparecencia, solicitada por la portavoz del PP, Carmen Nirva Macías, sobre la aplicación de la legislación del servicio de ejecución de medidas judiciales de la dirección general del Menor y la Familia. Macías y la portavoz del PSC, Rosa Guadalupe Jerez, se mostraron muy críticas con la gestión realizada por esta dirección general.
La portavoz del PP afirmó que las denuncias de los funcionarios sobre el "ninguneo" de José Luís Arregui y de la "carencia" de directrices de desarrollo en la Consejería tiene como consecuencia un problema de "coherencia y de transparencia que puede dar lugar a sospechas y esto sí es un problema", recalcó Macías.
El director general, según el PP, se está "equivocando nuevamente". Carmen Nirva Macías recordó que, en la pasada legislatura, Arregui también cometió errores en su tarea como asesor de la Consejería. En su opinión, el departamento regional de Zamora "se han equivocado" con la política organizativa y además existe un "férreo control informativo que da lugar a sospechas".
Rosa Guadalupe Jerez acusó a la consejera de "ocultar" los problemas internos porque "las cosas no pueden ir peor y su responsable es el director general". La portavoz del PSC, apoyándose en un escrito de los trabajadores, afirmó que el "descontento es generalizado en la dirección general porque no se toman las decisiones de forma participada, porque se prescinde de la experiencia del personal y porque es incapaz de identificar al personal con el proyecto" de la Consejería.
Marisa Zamora, tras detallar las medidas puestas en marcha desde mayo de 2005 en los centros, declaró que el nivel de conflictividad se ha reducido en un 90 por ciento, que 18 menores ya trabajan con un contrato y que los otros 225 jóvenes de los centros acuden a talleres de formación reglada y ocupacional.
La consejera denunció al PSC y al PP por emplear un lenguaje "hipócrita" al poner como reclamo a los menores en un "problema que es laboral". Zamora explicó que se trata de un conflicto con 35 trabajadores de Gran Canaria de los 2.200 que tiene este departamento autonómico. A partir de ahí, según esta responsable, se han producido denuncias anónimas sobre la existencia infundada de una política sesgada, propia de un régimen carcelario del siglo XIX, según especificó.
Pero el servicio de medidas judiciales queda "como está" y, en Gran Canaria, se pasa de 16 a 17 puestos de trabajo, lo que supone tres empleados públicos más. "No voy a desmantelar nada", recalcó la consejera, ni José Luis Arregui es el problema laboral.
A los representantes del PSC y de Nueva Canarias les pidió que hagan un "esfuerzo" con los alcaldes de su color político en Gran Canaria para que cedan suelo para ubicar un nuevo centro.
