LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 15.000 riojanos se verán afectados en sus condiciones laborales por el Estatuto del Empleado Público, ahora en trámite parlamentario, según los datos facilitados esta mañana por la secretaria federal de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, Carmen Barrera Chamorro, y el secretario general de la FSP-UGT en La Rioja, Jesús del Rincón.
Los responsables ugetistas informaron de que el anteproyecto del Estatuto del Empleado Público ya ha pasado a trámite parlamentario y si es aprobado permitirá disponer de una Ley General que alcanzará a las tres administraciones (Estatal, Autonómica y Local).
Jesús del Rincón destacó la importancia de este texto que, afirmó, "permite que 28 años después de aprobar la constitución los empleados públicos tengan un marco común normativo, al igual que es resto de los trabajadores cuentan desde 1980 con el Estatuto del Trabajador".
"Se trata de un hecho histórico fruto de la Declaración para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas firmada el 21 de septiembre de 2004 por el Gobierno central y los sindicatos más representativos", indicó Del Rincón.
Añadió que "se prevé vea la luz para la primavera de 2007". Según añadió Barrera, este proyecto cuenta con "voluntad política y el apoyo del gobierno central, CiU y PNV".
Ambos destacaron la importancia de dos aspectos del texto como son "la creación de una estructura de negociación colectiva y la homologación de las condiciones de trabajo y salariales".
Barroso destacó que "lo fundamental es que, por primera vez, se regula en una ley aspectos básicos comunes a todos los empleados públicos y todo lo recogido en el Estatuto es de carácter básico lo que otorga una mayor garantía".
"Se unifican y se aglutinan los derechos del empleado público ya que casi todo se eleva a la categoría de derecho y, además, se garantiza que el desarrollo de los Estatutos de Autonomía no podrán establecer normas por debajo de lo que establece el Estatuto y no afectarán a los derechos de los trabajadores públicos", indicó Barroso.
Entre los compromisos de este nuevo texto, destacó "las medidas encaminadas a reducir la temporalidad y la consecución de dos de las reivindicaciones históricas como son las pagas extraordinarias completas y la percepción de trienios por los internos".
Para recalcar la relevancia de este borrador, Barroso explicó la novedad que supone "la obligación de readmitir al personal laboral fijo cuando un despido sea declarado improcedente por causa disciplinaria".
