Imagen de la reunión - ARAG-ASAJA
LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La organización agraria ARAG-ASAJA ha presentado esta mañana sus propuestas en materia de fiscalidad agraria con el fin de aliviar la carga tributaria que soportan agricultores y ganaderos riojanos y para mejorar la rentabilidad en el sector agrario de la región.
En una reunión con el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, acompañado por el secretario general de la organización, Igor Fonseca; y por Guadalupe López, miembro del Comité Ejecutiva, ha hecho entrega de estas medidas en las que se incluyen mejoras fiscales tanto autonómicas como relativas a impuestos nacionales.
Como se señala desde el Ejecutivo riojano, "este encuentro con la principal de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) de la comunidad se enmarca dentro de la agenda que el Gobierno de La Rioja, con su presidente Gonzalo Capellán a la cabeza, se ha dado para atender y escuchar las necesidades que afronta en diferentes ámbitos de su actividad el sector agrícola y ganadero, fundamental para la prosperidad económica y social de la región".
En este sentido, añaden que "la reunión de este martes responde a la petición de ARAG-ASAJA para que sus propuestas en materia de fiscalidad agraria puedan ser valoradas en el futuro proyecto de Presupuestos Generales de La Rioja 2024, con el objetivo de apoyar y proteger a los agricultores y ganaderos de nuestra región".
Por su parte, desde la central agraria se ha detallado que proponen que "el Gobierno de La Rioja pueda aplicar la bonificación máxima en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) cuando se trata de operaciones de compraventa de fincas rústicas y explotaciones agrarias relacionadas con la actividad y realizadas entre agricultores profesionales".
El objetivo es "aliviar la carga fiscal para aquellos profesionales que adquieran tanto la explotación como elementos pertenecientes a la misma durante, al menos, cinco años desde la compra, salvo causa de fuerza mayor".
Además, también solicita al Ejecutivo autonómico que "se establezca la bonificación máxima en el Impuesto sobre el Patrimonio de las fincas rústicas y resto de activos pertenecientes a la actividad agraria de agricultores profesionales". De esta manera, dicen, "se evitarían situaciones de injusticia fiscal que se están produciendo en el campo riojano, especialmente, durante estos años de crisis de precios".
Otra de las propuestas fiscales tiene que ver con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Independientemente de los cambios recientes que ha anunciado el Gobierno de La Rioja, ARAG-ASAJA propone que "se revisen las condiciones en la aplicación de este tributo cuando se trata de explotaciones agrarias e inmuebles adscritos a la actividad que reciben en herencia familiares directos de un agricultor jubilado siendo éstos los arrendatarios de las mismas".
Por último, ARAG-ASAJA plantea que "se aplique la bonificación máxima de la cuota del ITP y de actos jurídicos documentados en el caso de transmisiones que supongan una ganancia, para aquellos contratos de arrendamiento de fincas rústicas en los que el arrendatario sea un agricultor profesional con domicilio fiscal en La Rioja y siempre que mantenga los bienes arrendados provenientes de la explotación durante al menos cinco años".
IMPUESTOS DE ÁMBITO ESTATAL.
Además, ARAG-ASAJA ha trasladado también al consejero de Hacienda una serie sugerencias en para su revisión en materia de modificación de impuestos estatales.
En este sentido, la organización plantea la exención en IRPF de plusvalías obtenidas en la venta de maquinaria totalmente amortizada, siempre y cuando se produjera la renovación de dicha maquinaria por otra totalmente nueva y adquirida en el mismo ejercicio.
También la exención en IRPF de las plusvalías por venta de ficas rústicas e inmuebles relacionados con la actividad agraria siempre y cuando estas operaciones se realicen entre agricultores profesionales de La Rioja.
A ello suman la no imputación en IRPF del 100% de las indemnizaciones recibidas por seguros de daños en fincas e instalaciones de agricultores y ganaderos, siendo sustituido por un porcentaje del 50%.
Y, por último, plantean la deducción del IRPF por inicio de actividad agraria en municipios afectados por condiciones ambientales, geográficas, económicas y sociales desfavorables, durante los primeros cinco años.