LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Logroño revisará en un plazo de unos 36 meses el Plan General Municipal (PGM), en lugar de su primera intención de modificar sólo el Título V, aunque, mientras dure la tramitación, desarrollará sectores de suelo urbanizable no delimitado para la construcción de 10.000 nuevas viviendas, de las que al menos un 30 por ciento serán de protección.
Así lo anunció hoy el concejal de Desarrollo Urbano, José Musitu, junto con la directora general de Política Territorial, María Martín. El edil adelantó que el acuerdo entre ambas administraciones será ratificado mañana por la Junta de Gobierno Local, y será luego trasladado a la Consejería para su aprobación definitiva por la Comisión regional de Urbanismo.
Musitu recordó que, en julio del año pasado, el Ayuntamiento logroñés acometió una modificación del Título V del PGM, que se refiere a la áreas de suelo urbanizable no delimitado, "con el objetivo de flexibilizar" sus criterios y tramitación. Esta modificación se aprobó por parte municipal en octubre de 2005.
Sin embargo, una vez el tema en manos del Gobierno riojano, la Comisión regional de Urbanismo denegó en diciembre pasado la aprobación definitiva, "instando al Ayuntamiento a la revisión, por discrepancias jurídicas y formales de los servicios técnicos de ambas partes sobre la manera de tramitarlo".
"Era una situación no deseada por nadie, y más contando con una plena coincidencia sobre la necesidad de contar con suelo para nuevas dotaciones de vivienda, infraestructuras o sistemas generales. Por eso, se ha hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo que, sin desdecir al Gobierno riojano, permita el desarrollo de suelo en la ciudad", apuntó.
Detalló que el acuerdo se basa "en que contamos con el Plan General desde el año 1988, que luego ha experimentado modificaciones en 1992 y 1998; ahor, con la próxima entrada en vigor de la Ley regional de Suelo, parece conveniente que el Ayuntamiento inicie los trámites para una nueva revisión y su adaptación a esta nueva norma".
Es, afirmó el concejal, "un proceso complejo, que se realizará en diversas fases, y que puede por ello dilatarse en el tiempo hasta 36 meses". Esta circunstancia, con todo, "no debe impedir el desarrollo urbano de la ciudad, sobre todo en lo relacionado con el desarrollo del Plan de Vivienda".
En este sentido, el acuerdo apuesta por "compatibilizar ambos fines, por lo que se establecen criterios para que se permita el desarrollo de estas zonas". La previsión es que, de acuerdo con el Plan de Vivienda, se habilite suelo para unas 10.000 viviendas "de las que al menos un mínimo de un 30 por ciento, unas 3.000 viviendas, tengan algún régimen de protección".
"El acuerdo -resumió Musitu- confiere a los Servicios de Urbanismo y Contratación del Ayuntamiento para el inicio de los trámites de revisión del Plan General. Mientras, el Consistorio delimitará nuevos sectores en áreas de suelo urbanizable no delimitado con un tope de 10.000 viviendas, un 30 por ciento de ellas de VPO".
En el desarrollo de los nuevos sectores, cuyos criterios se plantean en un anexo del acuerdo, se tendrá en cuenta que sean compatibles con los criterios defendidos por el Gobierno regional, "por lo que se permitirá una densidad máxima de 75 viviendas por hectárea, y con un uso residencial mixto, para vivienda libre y protegida".
Los sectores que se vayan a desarrollar "serán las áreas que resulten más convenientes para desarrollo del Plan de Vivienda o para la obtención de infraestructuras". El concejal recalcó que el acuerdo tiene que ver con los sectores de uso residencial, "por lo que quedan fuera todos los que tengan que ver con usos dotacionales o industriales".
Pese a todo, Musitu señaló que el recurso que pensaba plantear el próximo mes el Ayuntamiento contra la denegación de la aprobación definitiva "ya se verá cuando el acuerdo esté informado por la Comisión regional de Urbanismo".
La directora general de Política Territorial, por su parte, apostilló que "los servicios jurídicos de ambas instituciones llevan meses trabajando para encontrar una solución y creemos que este acuerdo la alcanza" y avanzó que, cuando se reciba el informe en la Consejería, se convocará un pleno extraordinario de la Comisión de Urbanismo para el estudio del acuerdo.
