CPAR critica "demagogia" en polémica VPO en Logroño y asegura que las promotoras "cumplen pliego y ley a rajatabla"

Juan Ramón Liébana, secretario general del CPAR

- EUROPA PRESS

   LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general de la Asocación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC), Juan Ramón Liébana, ha criticado este jueves la "demagogia" y la "crispación política" creada en torno a la adjudicación de VPO de promoción privada en Logroño, y ha asegurado que las promotoras "están cumpliendo el pliego administrativo y la Ley de Vivienda a rajatabla".

   Así lo ha querido poner de manifiesto en una comparecencia ante los medios tras días de críticas vertidas desde varios grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño, respecto a la forma de adjudicación de 104 VPO de promoción privada pertenecientes al Plan de Vivienda del Consistorio. Una adjudicación, según se ha insistido varias veces desde el Gobierno local, "garantista" y ajustada al pliego de condiciones aprobado hace un año.

   En palabras de Liébana, dada la situación, "nos preocupa porque puede llevar a que no se haga una VPO más de promoción privada en La Rioja", para añadir que "las empresas constructoras y promotoras no hacen política, no hacen demagogia, hacen viviendas".

   Ha recalcado, en este sentido, que "han emprendido la promoción de VPO cuando el módulo les permite cubrir costes, por una parte, y, en segunda lugar, cuando se han dado las condiciones de seguridad jurídica necesarias para hacerlo".

   "En materia de VPO -ha afirmado rotundamente-, como se ha hecho en los últimos 70 u 80 años, lo que se hace es lo que dice la ley, solo y estrictamente lo que dice la ley. Y las empresas constructoras y promotoras están cumpliendo la ley a rajatabla".

   Ha explicado que "las parcelas escritas al patrimonio municipal del suelo obligatoriamente se tienen que licitar con un objetivo único de construcción de VPO, licitaciones que habitualmente se hacen por el precio máximo de venta del suelo". Algo que, en este caso, "se hizo con incremento de precios, las empresas pagaron de más entre el 18 y el 33%".

   Además, "se hizo a través de una licitación pública, es decir, se hizo un expediente administrativo, es decir, con un pliego administrativo que cuenta con absolutamente todas las garantías jurídicas públicas". Pliegos que "se hicieron públicos en la Plataforma de Contratación del Estado en enero de 2025".

   "Nadie ha dicho nada de estos pliegos de contratación pública en un año. Los partidos políticos de la oposición no han dicho nada, y eran públicos", ha relatado Liébana, quien ha proseguido apuntando que, una vez finalizado el trámite administrativo, la iniciativa privada "tiene que buscar la financiación necesaria para promover esa VPO, corriendo todos los riesgos".

"RIESGOS".

   Riesgos, ha resaltado, junto a los que, "en el caso de la VPO, además, se introduce determinada inseguridad jurídica superior al que ya existe para promoción inmobiliaria en general"."Y todo -ha insistido- se ha hecho cumpliendo estrictamente lo que marca esos pliegos de cláusulas administrativas".

   La construcción de VPO, ha apuntado el secretario general de CPAR, "implica vender con precio tasado, por debajo del precio de mercado", e incluso ha incidido en que "para cada VPO están pasando del orden de 10 ó 12 personas a ver la vivienda, y la mayoría las rechazan" por diferentes razones.

   Sí ha querido, al referirse a estas personas que "no son adjudicatarios, son compradores de vivienda, en este caso, de VPO, viviendas que rondan los 200.000 euros y que, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, que ha pasado absolutamente todos los controles jurídicos públicos necesarios, no tienen por qué someterse a sorteos". "Y no hay ningún problema por ello", ha sentenciado.

   Ha defendido que "a diferencia de la adjudicación directa, que se reserva a la promoción pública, el modelo, que es el que existe en absolutamente toda España, es el de permitir la selección de los compradores de vivienda a los promotores, a las empresas", contando "por supuesto, con control administrativo, antes y hasta control doble después" de la compra, "con lo cual, control hay".

   "Y, además, en todo caso, las empresas adjudican conforme a la legalidad, conforme a lo que dice el pliego de cláusulas administrativas, conforme a lo que dice la Ley de Vivienda de La Rioja y conforme a lo que dicen los decretos 28 y 33 de 2013 del Gobierno de La Rioja", ha especficado.

   Por eso, ha lamentado que "el problema de esta polémica es que genera falsas expectativas" y ha argumentado que "la situación ha cambiado", ya que los nuevos planes de vivienda "no contemplan préstamos cualificados de VPO, sino que para la financiación de esas VPO hay que acudir al mercado libre". Y ha subrayado que "las empresas no venden humo, las empresas trabajan sobre realidades, no sobre futuribles ni promesas", en referencia a diferentes anuncios políticos de construcción de VPO.

SEGURIDAD JURÍDICA.

   Liébana, ante toda esta situación, se ha preguntado "¿Qué pasa cuando se sortea una vivienda y el agraciado no cumple los requisitos económicos para poder acceder a un préstamo hipotecario?", señalando en respuesta que "se le está creando una falsa expectativa, porque no va a poder comprar la vivienda, porque, de nuevo, tiene que acudir al mercado ordinario de financiación y no hay préstamos cualificados de VPO".

   Ha recordado en este sentido, casos de sorteos públicos de VPO en los últimos años "que no han funcionado", refiriéndose en concreto a las vivienda de Toyo Ito, "que quedaron desiertas y al final se adjudicaron directamente" o a "los últimos sorteos de VPO que se han hecho en La Rioja, que todos han quedado desiertos, es algo público y notorio".

   El problema, ha reseñado Liébana, "es que cuando una promoción de VPO se queda desierta, si es de promoción privada, las pérdidas las soporta la empresa".

   "Si es de promoción pública, las pérdidas al final se meten en el presupuesto público o se suben los impuestos, y pasan desapercibidas. Pero las empresas pueden caer. Habrá que busca fórmulas que introduzcan seguridad jurídica que permitan desarrollar VPO en La Rioja", ha resumido.

   Y, por todo ello, ha subrayado que, "después de 15 años, se han hecho 104 VPO, es una buena política de vivienda", para continuar insisitiendo en que "es un sistema razonable que cumple perfectamente y absolutamente la legalidad".

   "Las empresas están cumpliendo el pliego de condiciones que marcó el Ayuntamiento; están cumpliendo la Ley de Vivienda en todos sus términos; y las empresas, por supuesto, están vendiendo a compradores que cumplen con los requisitos que marca la Ley de Vivienda. Pero los promotores tienen que tener la seguridad jurídica de que aquellos que firman un contrato de compra-venta de VPO pueden cumplir aquello que están firmando", ha afirmado.

   Porque, como ha incidido, "las empresas, entre hacer y no hacer, estamos por hacer entre hacer VPO, pero creemos que hacer demagogia con este tema resulta, primero engañoso para la ciudadanía porque le crean falsas expectativas y segundo, muy peligroso porque pone en riesgo la futura viabilidad de nuevas promociones privadas de VPO", ha concluido Juan Ramón Liébana.