El Defensor del Pueblo señala a Ceuta, Logroño y Mérida como "administraciones entorpecedoras" de su labor en 2005

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, en su informe del año 2005, califica a la Ciudad de Ceuta y a los ayuntamientos de Logroño y de Mérida como "administraciones entorpecedoras" de su labor, aquellas que han dificultado u obstaculizado el trabajo de la oficina del Defensor "bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actividad que, por negativa, merece ser destacada".

El informe del año pasado, al que tuvo acceso Europa Press, repasa todos las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, los requerimientos hechos a las instituciones públicas, las respuestas, los incumplimientos, etc. Entre las administraciones que no atienden al defensor, se califica de entorpecedoras a las que especialmente no colaboran.

El año pasado, recibieron esta consideración la Consejería de Fomento de Ceuta y ocho ayuntamientos, entre estos, dos de capitales autonómicas: Logroño (La Rioja) y Mérida (Extremadura). En el caso de la consejería, se explica que se le solicitó informe el 26 de noviembre de 2003 sobre el "difícil acceso" a la barriada Príncipe Alfonso y que, después de un tercer requerimiento, se procedió al cierre del expediente el 11 de noviembre de 2005 sin lograr nada.

Respecto al Consistorio de la capital riojana, recibió una solicitud de informe el 31 de enero de 2003 sobre una infracción urbanística por cerramiento, y en abril de 2005, el Defensor del Pueblo cerró el expediente sin haber obtenido respuesta.

En cuanto al Ayuntamiento de Mérida (Badajoz), se le pidió un informe el 23 de diciembre de 2003 sobre una omisión del deber de conservación que tiene el consistorio. El asunto se cerró tras tres requerimientos y sin respuesta el 13 de diciembre de 2005.

En el informe también queda constancia de las quejas que no tuvieron contestación el año pasado después de tres avisos de la oficina del Defensor. En concreto, se trata de las Comunidades del País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de 48 ayuntamientos. Algunas de estas comunidades y otras más, a cambio, sí respondieron a otros requerimientos de la institución: Extremadura, Castilla y León, Canarias, Andalucía, Madrid y Ceuta. También respondieron 70 ayuntamientos.

ADVERTENCIAS

El informe de 2005 del Defensor del Pueblo recoge advertencias a tres Comunidades Autónomas y al Ayuntamiento de Madrid. En este último caso, se pide al consistorio que no deje de tener en cuenta --"como ya viene haciendo"-- que debe "ponderar" que realizar obras por la noche en la M-30 "supone o puede suponer la imposibilidad del descanso, básico y vital".

En cuanto a las autonomías, las advertidas son Cantabria, Castilla y León y Extremadura. A la primera, se le advierte que tiene que implicarse "directamente" en el problema de los vertidos a los ríos "aunque no tenga competencia decisoria". "Sí la tiene --se aclara en el informe-- para procurarse datos e instar a otros organismos a obtenerlos y a reaccionar en consecuencia".

En el caso de Castilla y León, y en concreto, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Segovia, se le advierte que "de persistir la falta de colaboración con esta institución se calificará su actitud de entorpecedora".

Por último, la oficina del Defensor exige a la administración de Extremadura que se interese "más intensamente" por un problema de contaminación acústica "que data de años"; se le pide que requiera a las consejerías competentes que se encarguen de que se cumplan los informes de la Comisión Autonómica de Actividades Clasificadas.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

En el informe se recoge el cumplimiento de los ayuntamientos de las normas que rigen el funcionamiento de los órganos de gobierno local y que hacen posible el control de su actividad por parte de sus propios miembros. También se recogen las quejas de los ciudadanos.

Con respecto a lo primero, el incumplimiento de las normas municipales internas está en el origen de numerosas quejas planteadas sobre todo por los propios miembros de las corporaciones locales. Por ejemplo, la utilización de las instituciones "con finalidades distintas, y aun contrarias" de aquellas para las que fueron previstas. Es el caso del Ayuntamiento de Pinto (Madrid).

La denuncia de una presunta estrategia de acoso a un concejal de la oposición culminó en el acuerdo de creación de una denominada "comisión de investigación para la defensa de la honorabilidad" del afectado. "Al socaire de esa presunta defensa, lo que parecía pretender era investigar determinados aspectos de la vida del concejal de cuando ni siquiera intervenía en política", se dice en el informe del Defensor.

Como "especialmente anómala" se considera además la situación del ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria). Como no se modificó la composición de las comisiones informativas, se llegó a la situación de que nueve concejales del total de 21 se encontraban sin adscribir a un grupo, "formando de hecho un grupo mixto que sería mayoritario respecto del resto de los grupos existentes".

DOS AÑOS CON UNA ZANJA

Otra parte de las quejas contra la administración local llega de los ciudadanos. Son muy variadas, según se dice en el informe, lo que "responde claramente al carácter universal de las competencias que tienen atribuidas las administraciones locales".

Entre los asuntos sobre los que tratan las quejas tramitadas se encuentran las condiciones de disfrute y aprovechamiento de los bienes comunales, el estado y conservación de vías urbanas y caminos vecinales, las condiciones de salubridad, tanto en lo referido al suministro de agua potable y a la red de saneamiento, como al servicio de recogida de basuras y al de limpieza viaria, los servicios de enterramiento o la inscripción en el padrón municipal, entre otros muchos asuntos.

Por su número, destacan las referidas al mal estado de calles y vías públicas. Un ejemplo es el ayuntamiento de Carazo (Burgos), que se negaba a reparar una zanja ante una casa dos años después de abrirla, para arreglar una fuga en la red municipal de agua, hasta que el marido de la reclamante cumpliera una orden de ejecución de otras obras de reparación en su finca. "La conducta descrita resulta inadmisible", se expone en el informe.