LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
La entidad de inspiración cristiana 'Profesionales por la ética' emitió hoy un comunicado en el que critica la postura del Gobierno de La Rioja ante las solicitudes de objeción a Educación por la Ciudadanía (EpC), a su juicio "incongruente". El consejero riojano de Educación, Luis Alegre, informó ayer de que permitiría a los casos en vía judicial no cursar la asignatura, pero que la exención definitiva está sólo en manos de la Justicia.
La posición del Gobierno riojano, que se ha hecho pública después de que el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad dictase sentencia el pasado 8 de julio declarando la ilegalidad de contenidos de EpC y el derecho de los padres a la objeción de conciencia, incumple, para 'Profesionales por la ética', los compromisos asumidos por Alegre. "Éste había asegurado a los padres objetores que acataría el fallo judicial sobre la objeción a EpC con todas sus consecuencias", indica la nota.
Además, desde esta entidad critican que, en su nota de prensa, la Administración educativa riojana se refiere únicamente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía de 2º de la ESO, cuando "la sentencia afecta de manera explícita a todas las asignaturas del Área de EpC, es decir Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato, ya que todas ellas empezarán a impartirse en La Rioja el próximo curso".
Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, "la postura del Gobierno de la Rioja es incongruente y obliga absurdamente a los padres a mantener abiertos unos pleitos judiciales, con todo lo que ello supone, cuando ya se sabe cuál va a ser el resultado. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ya ha dado la razón a los padres con argumentos universales que son aplicables a cualquier supuesto de objeción a EpC y por eso no se entiende esta resistencia de la Administración riojana a aceptar la nueva situación".
"Desde Profesionales por la Ética", afirma Urcelay, "solicitamos al Gobierno de La Rioja una rectificación urgente. El fallo de la sentencia debe extenderse a todos los padres objetores, que tienen derecho a que sus hijos queden exentos de cursar la asignatura sin necesidad de esperar a nuevos fallos judiciales particulares. Además esta exención debe ser aplicada a todas las asignaturas del área de Educación para la Ciudadanía, tal y como establece la sentencia. Estamos hablando de una cuestión de derechos fundamentales en la que no cabe inventarse restricciones".
