LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal pide un año de cárcel a un padre y sus dos hijos por un delito de estafa procesal en grado de tentativa, al hacer creer los dos hijos al Juzgado de lo Social que una finca embargada a su padre, era propiedad de ellos. Además se reclama una multa de 3.100 euros a cada uno.
La acusación se dirige contra F.J.S.T.E., de 37 años, natural de Logroño, R.S.T.E., de 36 años, natural de Logroño, y F.S.T.T., de 61 años, natural de Logroño.
Según los hechos, que se juzgarán en la Audiencia Provincial de La Rioja, el 27 de septiembre, al padre por parte de dos particulares y el FOGASA se le reclamó en 1997 en el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño, unos 75.000 euros, por lo que dictó el embargo de la vivienda residencial del acusado.
Más tarde sus hijos, el 18 de abril del 2000, se presentó en el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño, una Tercería de dominio, alegando que la finca embargada "no pertenecía al deudor", por haber sido vendida en escritura pública notarial el 12 de noviembre de 1996 a ellos por 7.212 euros. Aportaron la escritura en la que hacían constar que los vendedores reconocen haber recibido el precio antes, y un préstamo con una entidad financiera por 18.300 euros, el 25 de octubre de 1996.
La finca fue tasada pericialmente en unos 100.000 euros, catastrada a nombre de la esposa del acusado, y en la escritura constitución de préstamos "no se hacía referencia al destino del dinero prestado". El acusado "en connivencia" con sus hijos "allanó" la Tercería de dominio.
Un auto del Juzgado de lo Social número 1 de Logroño, desestimó la Tercería de dominio, por estimar que "no había quedado acreditado que se hubiera procedido a la venta de la vivienda residencia embargada", que fue recurrido por los tres acusados en suplicación, que fue rechazado.
En fecha de 4 de agosto del 2003, los acusados inscribieron la escritura en el Registro de la Propiedad. Finalmente, el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño, se satisficieron las deudas a los particulares y al FOGASA.
Para el Fiscal, los hechos constituyen un delito de estafa procesal en grado de tentativa, del que son responsables en concepto de autores los acusados, a los que procede imponer una pena de un año de cárcel, y una multa de 3.100 euros.
