LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Juan Calparsoro, ha decidido arvchivar de forma provisional la denuncia presentada por los sindicatos contra el proceso de oposiciones a celador del Servicio Riojano de Salud, ya que si bien afirma ver "indicios de delito" en el procedimiento, señala que "no se puede ejercer acción penal contra persona alguna, por falta de autor conocido".
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el proceso se remonta al 16 de noviembre del año pasado, cuando se convocó por parte de la Consejería de Salud el concurso-oposición para 10 plazas de celadores del SERIS -8 de turno libre y 2 de reserva para discapacitados-. El 15 de marzo de este año se designó el tribunal calificador que, se reunió el día 22 de abril para realizar las preguntas del examen.
El escrito describe cómo se realizó este proceso de selección, impresión, embalaje y traslado de los exámenes, que se realizaron el mismo día, de 17:45 a 19:45 horas, y que, posteriormente, tras ser revisada la documentación, se introdujeron en una caja, que fue precintada y guardada en un cuarto con puerta blindada en la Consejería de Salud.
Una vez realizada la corrección del examen, el día 28 de abril, y decidido por el tribunal que sólo aprobaría un número de opositores igual al de plazas, se publicó la lista de los aprobados, que se limitó a 8 personas por el turno libre y dos por el turno de discapacitados.
Días más tarde, el 2 de mayo, los sindicatos UGT, CC.OO., STAR, CSI-CSIF y CEMSATSE presentaron denuncia en la Fiscalía, a lo que siguieron 129 denuncias a título individual de otros tantos opositores. Todas las denuncias reclamaban la determinación de si se habían filtrado las preguntas del examen "o cualquier otro proceder" que haya influido en el resultado de la oposición "y que se haya cometido delito que lleve a la anulación total del proceso".
El día 8 de mayo, sigue detallando el escrito del fiscal, se incoaron diligencias, por si se hubiera dado delito de revelación de secretos por funcionario público, delito de descubrimiento y revelación de secretos por particulares o funcionarios públicos u otro tipo penal. Se tomó, para ello, declaración a los miembros del tribunal, a los 10 aprobados y al entonces consejero de Salud, Pedro Soto, entre otros.
Tras estas actuaciones, a juicio del fiscal, "la vinculación familiar o personal de los ocho opositores aprobados en el turno libre con autoridades y/o funcionarios de la administración autonómica es clara, así como el hecho de que, entre la totalidad de los opositores presentados -casi 500- es difícilmente entendible, si no imposible, el hecho de que hayan obtenido la puntuación más alta precisamente esas personas, máxime cuando sólo una trabaja en Sanidad".
Sin embargo, indica que "no se ha podido averiguar la manera" en en que el contenido del examen del turno libre pudo ser conocido, pero considera que "sin tener pruebas de certeza, sí existen indicios racionales de que se produjo alteración ilícita en el desarrollo del proceso de las oposiciones que benefició a los opositores que obtuvieron la puntuación más alta en ese turno, con evidente perjuicio antijurídico para los demás opositores".
Por ello, concluye que "existen indicios que evidencian que, en el proceso de la oposición, existió un delito de revelación de secreto, o un delito de falsificación documental y/o de prevaricación, si por alguien del tribinal se realizó estas conductas". Con todo, dice que "corresponde al tribunal de las oposiciones y, en definitiva, a la propia administración convocante controlar la limpieza del procedimiento y utilizar los mecanismos adecuados para corregirlo".
Así, el fiscal decide remitir copia de su decreto a la Consejería de Salud, "con el fin de que, en el ejercicio de sus competencias y funciones proceda a acordar, de acuerdo con la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico y la legislación administrativa, lo que corresponda sobre la anunlación del proceso de examen de la oposición para el acceso por el turno libre a ocho plazas del personal estatutario fijo en categoría de celador del SERIS".
En definitiva, resume finalmente el escrito que "se desprenden evidencias de una vinculación personal, familiar y laboral de los opositores aprobados en el turno libre con personas de la Consejería o de la administración, de la que se deduce racionalmente con alta probabilidad que, en el proceso de selección en la fase de oposición, pudo existir una acción de revelación de secreto con carácter delictivo, o una falsedad documental o prevaricación consistente en cambiar los exámenes una vez realizados".
"La imposibilidad de conocer la identidad del autor o responsable del delito impide en este momento dirigir la acción penal contra persona alguna. Teniendo en cuenta los indicios racionales de delito, pero también la ausencia de datos suficientes sobre la identidad del autor, la Fiscalía no puede ejercer la acción penal contra persona alguna y acuerda el archivo provisional de las diligencias informativas por falta de autor conocido", finaliza el escrito.
