LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Juventud, Familia y Servicios Sociales, Sagrario Loza, informó hoy de que el Gobierno de La Rioja invertirá 39 millones de euros en dos años para el cumplimiento del Decreto que regula los requisitos mínimos, materiales y funcionales, que deben reunir los centros y servicios especializados en los distintos tipos de discapacidad.
Una norma aprobada por el Ejecutivo regional, en su reunión semanal, y de la que dio cuenta Loza, acompañada del portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río. En concreto 19 millones de euros se dedicarán al "mantenimiento" de la Red Pública de Servicios Sociales en materia de discapacidad, mientras que otros 20 millones de euros se destinarán a las obras que deben acometer los centros para "adaptarse" al Decreto.
Con esta norma, el Gobierno riojano hace efectivo el derecho universal de las personas con discapacidad a disponer de recursos suficientes y adecuados para ofrecer atención y asistencia especializada y lograr su plena integración en la sociedad.
Loza indicó que la regulación de requisitos para los centros y servicios, públicos y privados, pretenden "garantizar un nivel adecuado" en las infraestructuras y en la prestación de los servicios, para lo cual incluye "claros parámetros de calidad" que hacen hincapié en las prestaciones que se deben ofrecer a los usuarios y en el ratio de personal exigido. De hecho, el cumplimiento de esta normativa será un "requisito indispensable" para obtener las autorizaciones administrativas de funcionamiento.
El Decreto se estructura en 8 títulos, 4 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y 2 disposiciones finales. Cuenta asimismo con dos anexos relativos a condiciones materiales y funcionales mínimas que deben reunir los centros y servicios y que son comunes a todos ellos.
En el título primero se han recogido las disposiciones generales sobre: el ámbito de aplicación, la finalidad de la norma, los principios generales de actuación, las personas usuarias, las distintas modalidades de los centros y servicios objeto de regulación. Respecto a este último punto, incluye centros de día, centros ocupacionales, residencias, viviendas especializadas, servicio de respiro familiar, servicio de desarrollo infantil y atención temprana, servicio de tratamientos y otros que puedan crearse en el futuro.
Cada uno de los restantes títulos se dedica a regular los diferentes tipos de centros y servicios, especificando la definición del centro o servicio de que se trate, las prestaciones inherentes al mismo, el personal mínimo con que debe contar y la infraestructura necesaria.
La disposición adicional primera recoge el principio de autonomía funcional de los centros y servicios con el fin de optimizar los recursos existentes; es decir, que en un mismo edificio podrán confluir distintos centros y servicios y podrán compartir las dependencias que no sean de uso específico de cada uno de ellos.
La titular de Servicios Sociales señaló que la disposición transitoria única ha previsto un plazo de 4 años para que los centros construidos o en construcción, en el momento de la entrada en vigor del Decreto (a los 20 días a partir de su publicación en el BOR) puedan adaptarse a lo regulado en el mismo mediante un plan de mejora.
También indicó que dentro de los 20 millones de euros, que se destinan a obras de adaptación, se encuentran, entre otros, la ampliación del Centro de Día y el ocupacional de Aspace; la ampliación y reforma del de ARPS en Logroño, así como la creación de un nuevo centro ocupacional; el centro ocupacional y de día de Nájera; o el nuevo Centro de Día de enfermos mentales de Logroño. Además se crearán 315 nuevas plazas para discapacitados en la región.
