LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Alberto Bretón, presentó, esta mañana, las alegaciones que el Gobierno de La Rioja ha realizado al Anteproyecto de la Ley básica del Gobierno y la Administración Local centradas en la reivindicación de aspectos pendientes como la creación de un modelo de financiación local, abordar la situación de la debilitada planta municipal y la regulación del concejo abierto.
El presidente de la Federación Riojana de Municipios, José Miguel Crespo, acompañó al consejero, quien presentó ayer las mismas alegaciones a la Comisión Ejecutiva de la Federación Riojana de Municipios.
Estas alegaciones iban a ser defendidas por el propio Bretón, en la Conferencia Sectorial prevista para el próximo día 24 de julio, pero fue desconvocada ayer por la tarde "posponiéndola -dijo el consejero- hasta el mes de septiembre". Bretón, afirmó, que cree, es debido a la "falta de acuerdo en el texto" remitido a las comunidades.
Bretón reconoció, que desde la primera redacción del Libro Blanco y que fue retirado al comprobar la oposición el texto, el borrador "se ha enriquecido". Valoró positivamente el trabajo de participación con "diversas reuniones" y, añadió, "cambia la filosofía del Libro Blanco, respetando mucho las competencias de las comunidades, legislando menos, y ampliando las posibilidades de los municipios de regular sus propias competencicias"
Sin embargo, criticó que el borrador de esta Ley de Bases de Régimen local "no soluciona los problemas reales del municipalismo". Aseguró que "se ha comenzado por lo más fácil, olvidando lo importante que es trabajar en un modelo de financiación local". Añadió que es este modelo "el que garantiza esa autonomía, que es el que garantiza la estabilidad de las haciendas locales, y es el que permite el ejercicio de competencias".
Bretón y Crespo coincidieron en destacar la omisión del texto de la situación de "incapacidad estructural de los municipios" para gestionar determinados servicios y trámites.
El Gobierno de La Rioja ha presentado 24 alegaciones a este respecto, entre las que Bretón destacó la posibilidad de que "los Ayuntamientos, mediante ordenanza, puedan limitar el número de personas empadronadas en una misma vivienda". Una medida que, dijo, hace frente "al fenómeno de la inmigración" y que "los Ayuntamientos no pueden evitar".
Además, Crespo explicó que otra propuesta consiste en pedir que "la disolución de los órganos municipales no sea competencia del Consejo de Ministros, sino de los órganos judiciales o de las Cortes Generales".
Crespo calificó al texto de "generalista", aunque se mostró "satisfecho por la incorporación de "muchas de las 27 alegaciones realizadas por la Federación Riojana de Municipios".
Valoró positivamente la "incorporación a los municipios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir financiación junto con las comunidades", pero mostró su temor a que esta actuación sea "sólo una noticia" porque, dijo, "a través de las reformas estatutarias algunas comunidades ya han planteado que la negociación con el estado será bilateral y fuera del consejo".
Por otro lado, el presidente de la Federación Riojana de Municipios, consideró, además, que el funcionamiento en concejo abierto de los municipios con menos de 100 habitantes es un "procedimiento inviable de la gestión municipal".
Abogó, frente a ello, porque la futura Ley de Bases establezca que se decida "a criterio del Ayuntamiento o bien, en régimen de concejo abierto, o bien, con un número de concejales, a estipular, de modo similar a los ayuntamientos con población superior a 100 habitantes".
Además, el Ejecutivo riojano señaló la omisión en el texto de los compromisos asumidos por el PSOE en su programa electoral: fondo de nivelación que favorezca a los pequeños municipios respecto a su participación en los ingresos del Estado; ayudas específicas a los municipios afectados por el fenómeno de la inmigración y a municipios menores de 10.000 habitantes.
También el establecimiento de líneas de ayuda para compensar el ejercicio de la actividad institucional de alcaldes y concejales en municipios de menos de 1.000 habitantes; incremento de recursos destinados a los planes de cooperación local; y dotar a las entidades locales de un plan de saneamiento con el fin de solucionar el tema de la deuda pública de las arcas municipales.
