LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja descarta que la sentencia del Tribunal Supremo contraria a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía tenga "repercusión efectiva" en la región, ya que los centros "no han comunicado" a la Consejería de Educación que, a partir de febrero, los alumnos no estén asistiendo a las clases.
En un comunicado, el Ejecutivo autonómico critica que la Alta Inspección de Educación del Ministerio quiera "reactivar la polémica" con una situación ya zanjada y denuncia el "grave error" del Gobierno central al implantar esta asignatura "tal y como está planteada" que ha divido a la sociedad y ha judicializado innecesariamente la educación.
El Gobierno de La Rioja, tal y como manifestó en el mes de febrero, una vez conocidas las cuatro primeras sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en las que se rechazaba el derecho de las familias a ejercer la objeción de conciencia ante el conjunto de asignaturas que se engloban bajo la denominación de Educación para la Ciudadanía, "no puede sino acatar su contenido, como corresponde en un Estado de Derecho".
Tras las cuatro sentencias iniciales del Tribunal Supremo, aún cuando no afectaban a ningún alumno riojano, el Consejero de Educación "dictó resoluciones individualizadas" en las que se declaraba "el deber de cursar y ser evaluado" de las asignaturas comprendidas dentro de la denominación genérica de Educación para la Ciudadanía, destinadas a los alumnos a los que se había eximido de tales obligaciones en base a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
Asimismo, se dictaron instrucciones a los centros educativos para que arbitraran las medidas adecuadas para la incorporación efectiva de estos alumnos, tanto a las clases como al currículo de la asignatura.
Ante la existencia de alumnos cuya situación se individualiza, al derivarse de una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y no de una resolución del Consejero, y que por tanto no estaban afectados por las cuatro sentencias iniciales del Tribunal Supremo, los centros recibieron la instrucción de que si alguno de estos alumnos manifestaban su deseo de asistir a clase, procedieran a su incorporación sin ninguna traba.
Y es precisamente a éstos últimos a quienes se refieren las recientes sentencias del Tribunal Supremo y dado que los centros no han comunicado a la Consejería que los alumnos no estén asistiendo a las clases, previsiblemente dichas sentencias no tendrán ninguna repercusión efectiva en nuestra comunidad, si bien en aquellos supuestos en los que no ha recaído todavía Sentencia del Tribunal Supremo, siguen amparados por la dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
Ante esta situación y una vez solucionada, desde el mes de febrero, la situación académica de estos alumnos, "sorprende" la actitud de la Alta Inspección de Educación de la Delegación de Gobierno en La Rioja, quien en rueda de prensa dijo que "hay que esperar a ver qué decisión toma la autoridad educativa competente".
Con esta actitud, ante una cuestión ya zanjada, llama la atención que la Alta Inspección se dedique a "reactivar" la polémica, en lugar de dedicarse a solucionar los muchos problemas que el modelo educativo LOGSE está generando en la juventud española, tal y como se ha constatado en el último informe sobre indicadores y objetivos de Lisboa 2000, presentado por el propio Ministro de Educación: tasa de abandono escolar superior al 30% y un 40 % de los jóvenes en situación de riesgo social, sin la titulación de Bachillerato o de Formación Profesional.
"FALTA DE PRUDENCIA POLÍTICA"
El Ejecutivo autonómico lamenta "la falta de prudencia política y de tolerancia", manteniendo el grave error cometido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero al implantar esta asignatura "tal y como está planteada" y que lamentablemente ha divido a la sociedad y ha judicializado innecesariamente la educación.
El Gobierno de La Rioja, tal y como manifestó el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en la Conferencia de Educación y al propio Ministro de Educación, está abierto al diálogo para intentar acercar posturas y superar las diferencias en éste y en cualquier otro tema educativo. Actitudes como las de la Alta Inspección de Educación de la Delegación de Gobierno en La Rioja, en su afán por mantener viva la polémica, son las que ponen en peligro el Pacto por la Educación.
