LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja mostró hoy su rechazo al texto del Proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público presentado por el Ministerio de Administraciones Públicas por considerar que supone "importantes desigualdades entre los funcionarios de las distintas Comunidades Autónomas".
En un comunicado, el Ejecutivo regional apunta que el Estatuto Básico que ha presentado el Ministerio no se va a aplicar en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas de España puesto que el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 136 atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas Catalanas.
Por lo tanto, dice que se ha acordado bilateralmente con Cataluña una competencia exclusiva en este ámbito al mismo tiempo que se debatía un modelo básico y general para todo el Estado. Recuerda que este fue uno de los motivos por el que las Comunidades del PP se levantaron de la última Comisión de Coordinación Pública, a la que no acudió el representante de Cataluña que no ha asistido a ninguna de las reuniones en las que se ha debatido el Proyecto.
El Gobierno riojano considera que el proyecto del Ministerio carece de un modelo general de Función Pública que ocasionará importantes desigualdades y lagunas jurídicas en el ámbito de aplicación, ordenación de la Función Pública, sistema retributivo, derechos y deberes, sistema de acceso y negociación colectiva. Asimismo, opina que ocasionará que existan 19 modelos de Función Pública distintos lo que provocará imposibilidad de movilidad entre Administraciones, importantes diferencias retributivas con agravios comparativos y un deterioro efectivo de los servicios públicos.
Respecto a otra de las novedades del Proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público anunciada ayer por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, sobre que los empleados públicos deberán responder de su trabajo y, si no son eficientes, podrán ser cesados de su puesto, el Gobierno de La Rioja se opone a este planteamiento.
El Ejecutivo riojano considera que esta medida puede convertirse en un instrumento del Gobierno socialista para buscar ceses con un carácter arbitrario y partidista.
