Archivo - El diputado de IU, Carlos Ollero - IU - Archivo
LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida ha exigido al Gobierno riojano que retire "de forma inmediata" la sanción que ha dejado "a miles de riojanos y riojanas" sin el servicio de 'playabús', que les permitía pasar un día en la costa.
En nota de prensa, IU ha acusado al Ejecutivo de Gonzalo Capellán de "seguidismo" y "complicidad" con Autobuses Jiménez, considerando que "actua al dictado de una empresa privada".
La formación de izquierdas ha reprochado al Ejecutivo regional de "anteponer el negocio de una concesionaria privada al beneficio de en torno a los siete mil riojanos y riojanas que utilizan este servicio cada año".
El diputado Carlos Ollero ha recordado que IU lleva toda la legislatura denunciando horarios imposibles y municipios incomunicados "sin que el Gobierno mueva un dedo".
Ha contrapuesto esa inacción a la rapidez con la que la Administración ha respondido a la queja de una empresa privada, "en tiempo récord y con expediente sancionador".
"Eso", ha sostenido, "no es aplicar la ley con neutralidad, sino elegir bando". Ollero ha subrayado, además, que la decisión llega en el peor momento posible, en plena ola de calor y con el servicio cortado de un día para otro.
La formación ha defendido que el 'playabús' cubría una necesidad que el transporte público no atiende: llegar al mar en el día y a precio asequible para jóvenes sin coche, personas mayores, familias trabajadoras o personas con movilidad reducida.
"Cada autobús", ha añadido, "retira decenas de vehículos de la carretera, ahorra emisiones y evita el riesgo de volver al volante tras una jornada entera de playa y calor".
Izquierda Unida registrará preguntas en el Parlamento riojano para conocer quién ordenó la actuación inspectora, a instancia de quién y con qué informes jurídicos, y qué alternativa piensa ofrecer el Ejecutivo a quienes se han quedado sin servicio en pleno agosto.
"La pregunta que debe responder el Gobierno es sencilla: este expediente se ha abierto pensando en el interés público o en el beneficio de una empresa privada", ha planteado Ollero.