Izquierda Unida enmienda a la totalidad el Proyecto de Ley de simplificación administrativa

   LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Izquierda Unida ha registrado una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa. La formación sostiene que el texto copia el modelo de comunidades gobernadas por la derecha más conservadora y neoliberal, como la Comunidad de Madrid de Ayuso o la Comunidad Valenciana de Mazón, y supone un retroceso en derechos y garantías colectivas.

   "No vamos a avalar un modelo que rebaja controles y deja a la ciudadanía más desprotegida", ha afirmado el diputado de IU en la Cámara riojana, Carlos Ollero.

   IU advierte de que bajo la apariencia de "agilidad administrativa" el proyecto abre la puerta a privatizar funciones de la Administración autonómica y a una desregulación muy negativa para las pequeñas y medianas empresas de La Rioja, además de debilitar el papel de lo público.

   Desde Izquierda Unida señalan que la generalización del silencio administrativo estimatorio y la reducción de plazos convierten la falta de respuesta en un "sí" incluso en materias sensibles como el medio ambiente, la salud pública o la seguridad industrial. "La inacción administrativa no puede equivaler a autorización tácita cuando el daño puede ser irreversible", subraya Ollero.

   La sustitución de autorizaciones por simples declaraciones responsables o comunicaciones, sin controles previos suficientes ni medios públicos de inspección reforzados, desplaza la vigilancia al después y dificulta corregir a tiempo. "Que primero se actúe y luego se compruebe no puede ser la norma en ámbitos donde hay riesgos reales", añade el diputado.

   Otro motivo de rechazo es la entrada de entidades privadas certificadoras, financiadas por las mismas empresas a las que evalúan, con el consiguiente conflicto de interés y la pérdida de empleo público cualificado. "El control de legalidad y la garantía de derechos son funciones públicas y deben seguir siéndolo", insiste Ollero.

   La formación también advierte de que el llamado principio de "mercado abierto" y el reconocimiento automático de permisos de otras comunidades con menos requisitos facilitan el dumping regulatorio y limitan la capacidad de La Rioja para proteger adecuadamente lo social, lo laboral y lo ambiental. A ello se suma la reducción de los tiempos de participación en la elaboración de normas, que puede convertir la consulta pública en un mero trámite. "La participación ciudadana no es un obstáculo; es una garantía democrática", remarca.

   Como alternativa, Izquierda Unida propone una simplificación real que elimine burocracia inútil sin recortar derechos: digitalización inclusiva, eliminación de duplicidades y refuerzo de la inspección y de los servicios públicos, sin privatizar funciones esenciales. "Simplificar, sí; pero no a costa de los derechos colectivos ni de la capacidad regulatoria de la Comunidad Autónoma", concluye Ollero.