La Ley de Simplificación sigue su trámite tras rechazarse la enmienda a la totalidad de IU, que teme falta de control

"Si la Administración pública no responde en tres meses, tiempo ha tenido", señala Domínguez en lo que desde IU se ve como un "coladero"

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, junto a la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, y la portavoz 'popular' Cristina Maiso
El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, junto a la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, y la portavoz 'popular' Cristina Maiso - GOBIERNO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 18:48

    LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa elaborado por el Gobierno riojano seguirá su trámite parlamentario tras rechazarse por todos los grupos políticos la enmienda a la totalidad de IU, que teme falta de control.

    El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha abierto el debate defendiendo la ley bajo la intención de "convertir a La Rioja en una de las comunidades más ágiles".

    "Necesitamos cambiar de raíz" la gestión de trámites administrativos "para que sea más ágil, más eficiente, más eficaz y, sobre todo, más proactiva y más empática con todos y cada uno de los ciudadanos", ha aseverado.

   Ha relatado cómo, con esta ley, se implanta el silencio administrativo positivo como regla general de funcionamiento de todos los procesos administrativos.

   "Si la Administración pública no responde en tres meses, tiempo ha tenido. El ciudadano debe poder hacer lo que ha solicitado a la Administración pública", ha dicho.

   "Vamos a agilizar la tramitación de procedimientos administrativos sustituyendo las solicitudes de licencias y autorizaciones por declaraciones responsables que permiten iniciar las actividades administrativas y económicas con mucha mayor facilidad", ha explicado.

   Ha relatado cómo se van a "reducir los tiempos de respuesta obligatorios de la Administración Pública entre todos los procedimientos a la regla general de tres meses para la generalidad de todos los procedimientos".

   Además, "todas las iniciativas de inversión que ya cuenten con una autorización de otra Administración pública serán automáticamente autorizadas" en La Rioja.

   "Todo ello será en nuestro proceso de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa. Solo necesitamos una cosa, esta ley", ha dicho a los diputados.

   Desde el grupo que había presentado la enmienda a la totalidad, el diputado de IU Carlos Ollero ha defendido que esta ley se sustenta en un 'dumping regulatorio' y en la reducción de los controles públicos. "No va servir para mejorar el contacto con la ciudadanía ni reducir la burocracia", ha afirmado.

   Así, ha relatado, es "una norma muy similar a la presentada en otras comunidades como la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, inspirada en principios neoliberales".

   Ha considerado que supone una "privatización de servicios y desregulación mercantil, así como debilitar a la Administración pública".

   Ha señalado que "una generalización del silencio administrativo puede convertir la inacción de la Administración ante cualquier planteamiento de empresas autorizaciones tácitas sin control previo".

   Ha añadido que "plantea la incorporación de entidades privadas certificadoras", lo cual, "cuando se lleve a cabo supondrá la pérdida de empleo público necesario y cualificado".

   En definitiva, "un proyecto dominado por las grandes empresas que debilita la Administración pública que reduce los derechos de la ciudadanía".

   La 'popular' Begoña Martinez ha rechazado la enmienda a la totalidad defendiendo que la ley "nace por la necesidad de que la administración esté al servicio del ciudadano".

   "Y estarlo es hacer la vida más fácil", ha dicho viendo que desde IU se ha presentado la enmienda a la totalidad, pidiendo su devolución al Gobierno riojano, bajo un "sesgo ideológico", porque "ha leído entidades colaboradoras y ha desplegado toda su artillería contra la iniciativa privada".

   El portavoz de Vox, Ángel Alda, aunque ha reconocido no compartir al cien por cien la ley, sí ha dicho tener claro que la enmienda a la totalidad no aportaba nada positivo.

   Del mismo modo, desde el PSOE María Somalo ha rechazado la enmienda presentada por Izquierda Unida, aunque ha calificado el proyecto de ley de "texto neutro". Así, ha indicado que el plazo de tres meses ya se refleja en la legislación nacional.

   A su juicio, es necesario recorrer mucho camino en la simplificación administrativa. "Pero claro, corremos un riesgo y es que detrás de la normativa esté sólo apuntarle un tanto", ha visto.

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