Mañana se celebra el juicio contra la acusada de vender un trastero como vivienda a la que el fiscal pide cinco años

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar mañana el juicio contra la acusada de un delito de estafa al vender, presuntamente, un trastero haciéndolo pasar por una vivienda y pidiendo por él 94.959,91 euros.

La vista oral, que en un inicio iba a celebrarse el 24 de octubre del pasado año, se suspendió al no comparecer la acusada. La venta se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia prohibiese la conversión del trastero en vivienda.

Según relata el escrito de acusación, la inmobiliaria de que era administradora la acusada compró un trastero en un inmueble en Logroño. Después, inició las obras necesarias para convertirlo en una vivienda; sin embargo, el Ayuntamiento emitió un informe, a instancias de la comunidad de propietarios, en el que le pedía que paralizase las obras.

La acusada presentó un recurso de apelación, en representación de su inmobiliaria, al plan de ordenación del Ayuntamiento que sólo autorizaba cuatro alturas en el inmueble, por lo que el ático sólo podía usarse como trastero y quedaba "expresamente prohibida su utilización como vivienda". El Consistorio, por su parte, le requirió que cesara en su utilización residencial del trastero.

La imputada "continuó su carrera de impugnaciones", ante lo que el Ayuntamiento ordenó la paralización de las obras "al ejecutarse éstas sin licencia". Por fin, el 3 de febrero de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desestimó las pretensiones de la acusada.

Aún así, ésta vendió el trastero a una persona "haciéndole creer que era una vivienda", por 94.959 euros, de los que la compradora le entregó 12.000 en concepto de señal. Después, al darse cuenta del engaño, la víctima acudió a los servicios municipales de defensa del consumidor.

Ante esto, M.D.G se comprometió a rescindir el contrato. Sin embargo, tras citar a la compradora en dos ocasiones le explicó que no podía devolverle el adelanto. Para el fiscal, los hechos narrados constituyen un delito de estafa, del que considera responsable en concepto de autor a la acusada.

Pide para ella cinco años de prisión y multa de alrededor de 12.00 euros. También solicita que indemnice a la víctima en la cantidad que pagó de señal.