Piden 41 años de cárcel para 11 acusados, el alcalde y exalcalde de Soto, por engordar presupuestos para obras

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

El Fiscal solicita una pena de más de 41 años de cárcel para 11 personas, entre ellas para el actual alcalde de Soto -concejal cuando se produjeron los hechos- y el que lo fue en 2010, acusadas de diferentes delitos de fraude, prevaricación y falsedad documental al engordar ilícitamente presupuestos para realizar obras de mejora en los caminos y pequeñas infraestructuras en dicha localidad riojana.

Al parecer, según sostiene el escrito de la Fiscalía, como dichas obras "estaban subvencionadas por la UE y la CCAA en un porcentaje importante pero no completo, dos de los acusados -el alcalde, de 2010, y un empresario- acordaron que para obtener una subvención del cien por cien del costo de las obras, procederían a aumentar ficticiamente el presupuesto".

Para conseguirlo, el Fiscal también explica que tuvo un papel muy importante el secretario de la Corporación del momento, también acusado.

Así las cosas, a mediados del año 2010, el empresario se puso en contacto con el alcalde para informarle de "un ambicioso proyecto de actuaciones de desarrollo turístico, comercial, agropecuario e industrial en la zona de influencia del citado Ayuntamiento".

Tras varias conversaciones connivieron la participación de algunas mercantiles en "los concursos que el Ayuntamiento iba a convocar para realizar diversas obras de mejora en los caminos y pequeñas infraestructuras del pueblo".

EN CONNIVENCIA CON MÁS PERSONAS

Para conseguir engordar dicho presupuesto, el Fiscal considera que debían de estar de acuerdo diferentes personas, también acusadas. Todo lo hicieron con pagos basados en facturas o documentos falsos "para hacerles creer que el importe de la obra era mayor que el real".

En esta creación de certificaciones de obra y documentación 'ad hoc' idónea para recibir una subvención mayor, también asegura que "era necesario contar con el concurso imprescindible de los técnicos y directores de las obras", como es el caso de otros acusados. Estos "prestaron su firma y visto bueno insustituible a la apariencia de un gasto mayor".

"Dieron fe de haberse gastado cantidades mayores que no coinciden con la realidad y son el soporte documental necesario para cobrar un importe mayor de subvención", asegura.

Esta trama, monitorizada principalmente por tres personas, entre ellas el exalcalde, "precisaba también de la aprobación y visto bueno del Pleno de la corporación municipal", dice el Fiscal. "Sabiendo que existían obvias diferencias entre el coste de las obras realmente ejecutadas y el que se presentaba a control del órgano encargado de dar la subvención".

Este esquema fraudulento se llevó a cabo, cuando menos, en las siguientes obras: -Obra del 'Proyecto Piloto de Conservación del paisaje del Cañón del Río Leza', Obra: 'Mirador y Neveras Rutas de Senderismo Soto - Treguajantes' y Obra: 'Mejoras Caminos Rurales del Cadme, Fase II'.

Para hacer estas operaciones fraudulentas se sirvieron de diferentes empresas o mercantiles, "si bien en muchos casos no culmina su tramitación e inscripción en el Registro Mercantil".

MÁS DE 95.000 EUROS

En definitiva, el montante total por la percepción indebida de subvenciones asciende a 95.000,74 euros (23.871,06 euros en 'Mejoras Caminos Rurales del Cadme Fase II', 13.500,86 euros en 'Mirador y Neveras Ruta de Senderismo Soto-Treguajantes' y 57.628,82 euros en 'Proyecto Piloto de Conservación del paisaje del Cañon del Río Leza').

No se ha acreditado ni consta enriquecimiento personal de los acusados en estas actuaciones.

FRAUDE, PREVARICACIÓN Y FALSEDAD

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de fraude a la Administración, de prevaricación administrativa, de falsedad en documento público/oficial cometida por autoridad o funcionario público y por particular y solicita penas que van entre los 2 años y 4 años y 6 meses de prisión para los acusados, en función de su intervención.

Para el exalcalde de Soto, en el año 2010, por ejemplo, solicita la pena de 2 años y 6 meses de prisión por fraude y 4 años y 6 meses por falsedad, en total 7 años de prisión. Al actual alcalde, y que era concejal en el momento de los hechos, le pide dos años por el delito continuado de fraude a la administración, y por el delito continuado de prevaricación la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años y medio.

Por responsabilidad civil, todos los acusados conjunta y solidariamente indemnizarán a la Administración defraudada (CC.AA. y UE, en la proporción que se fije en ejecución de sentencia) en el montante de las subvenciones recibidas ilícitamente, y que hoy asciende a 95.000,74 euros.