Política Territorial somete a exposición pública el convenio urbanístico que desarrollará la 'Ecociudad'

Actualizado: martes, 11 noviembre 2008 14:33

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial ha abierto el período de exposición pública del convenio urbanístico de la futura ecociudad, cuyo desarrollo convertirá a La Rioja en "referente nacional en desarrollo urbano sostenible", según afirmó hoy el director general de Política Territorial, Luis García del Valle.

Explicó que la legislación establece, que previamente a su aprobación, el convenio urbanístico, cuyo plazo de vigencia es de seis años, se someta a período de información pública por espacio de veinte días naturales, pudiéndose proceder a su firma posteriormente.

El Gobierno de La Rioja, apuntó García del Valle, suscribirá el convenio de gestión, desarrollo y ejecución de la ecociudad Montecorvo con las empresas LMB y Grupo Progea, propietarias de aproximadamente un 77 por ciento de los terrenos delimitados en el ámbito declarado como zona de interés regional por el Consejo de Gobierno.

COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS

García del Valle indicó que los propietarios se comprometen a formular el proyecto con el informe de sostenibilidad ambiental en el plazo de dos meses tras la aprobación definitiva del convenio.

Recordó que el proyecto de ecociudad deberá atenerse a los criterios de "uso global de la zona de interés regional será residencial-parque urbano"; los usos "dominantes" serán residencial protegido y parque urbano; que, en ningún caso, la intensidad de uso residencial del sector "podrá ser superior a 6.500 metros cuadrados construidos por hectárea de cualquier tipología de uso residencial".

Se señala que el aprovechamiento medio "no podrá superar" los 0,421875 metros cuadrados por metro cuadrado de terreno referido al uso residencial del Plan General Municipal de Logroño, así como que el número máximo de viviendas "no podrá superar las 3.000". Del total de viviendas resultantes del sector, como mínimo el 90 por ciento estarán sujetas a algún régimen de protección pública y, en todo caso, como mínimo un 50 por ciento en la modalidad de régimen general. El 10 por ciento restante podrá ser vivienda libre.

Además, señaló el director general que "como mínimo deberá reservarse para su desarrollo en la modalidad de autopromoción o cooperativa de vivienda protegida un 10 por ciento del número total de viviendas y otro 10 por ciento en régimen de alquiler con opción de compra, también conforme a la normativa de vivienda protegida".

También indicó que todas las viviendas serán diseñadas con parámetros de arquitectura bioclimática, y se reservará un espacio en la parte superior del Monte Corvo para albergar un edificio destinado a la difusión de energías renovables al que se accederá mediante un tren funicular u otros medios mecánicos desde la parte inferior de la actuación.

Otros aspectos que deben cumplir los propietarios es la reserva de los espacios necesarios para la instalación de centros de producción de energías renovables; la garantía que, dentro del ámbito de la actuación, la producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables equivalente, al menos, al consumo energético previsto; y se instrumentará una solución de reutilización de aguas.

Finamente, se contemplará la instalación de un sistema de recogida selectiva y neumática de basuras; se determinará como sistema de actuación el sistema de compensación; se atenderá especialmente al cumplimiento de las reservas legales para dotaciones, zonas verdes y espacios libres de uso y dominio públicos en proporción a las necesidades colectivas.

Por otra parte, García del Valle apuntó que los propietarios crearán una Fundación que se encargará de la producción, gestión, administración y venta de las energías renovables que se generen en los espacios que se destinarán a tal fin en la zona de interés regional, así como de la edificación que se implante en la parte superior del Monte Corvo, y de su posterior gestión y administración, y de las actuaciones de investigación y desarrollo de nuevas energías renovables.

La Fundación deberá aportar hasta un máximo de 11.419.927 euros, en la forma y plazos que se determinarán en el acto constitutivo de la Fundación; y una suma equivalente al 1 por ciento del beneficio empresarial que obtengan por la promoción inmobiliaria de las parcelas que les sean adjudicadas en el proyecto de compensación.

Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación contará con la financiación permanente derivada de la explotación exclusiva de las energías renovables que se generen en los espacios reservados para ello en la zona de interés regional, así como con la derivada de su propio funcionamiento.

COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

El Gobierno de La Rioja, por su parte, se compromete a la máxima diligencia en la tramitación tanto del proyecto de zona de interés regional como del informe de sostenibilidad, conservando siempre la iniciativa pública y la potestad planificadora, y el establecimiento del sistema de compensación, según expuso el director general.

El convenio urbanístico supone un "importante" paso en la tramitación de la primera ecociudad que tendrá entre sus principales características la producción de energías limpias o renovables, con, al menos, energía fotovoltaica y eólica, así como el estudio e innovación sobre las mismas.

Además prevé la construcción de edificios con máxima eficiencia energética y viviendas bioclimáticas; la optimización de los recursos hídricos mediante la reutilización de las aguas fecales, aguas grises y aguas de lluvia; la promoción del máximo reciclaje y reutilización a través de la recogida selectiva y neumática de residuos urbanos; y la recuperación de ámbitos territoriales degradados en términos medioambientales.