El PP dice que el Gobierno "sigue financiando el 80% de la dependencia" ante el "incumplimiento del Ejecutivo del PSOE"

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha afirmado que el Gobierno regional "sigue financiando el 80 por ciento del coste total de la dependencia en La Rioja, ante el incumplimiento del Ejecutivo del PSOE". A través de una nota de prensa, los 'populares' han indicado que los 'socialistas' "insisten una y otra vez en tergiversar y retorcer las cifras con fines exclusivamente partidistas".

"Cada vez que sus diputados se alternan para comparecer ante los medios de comunicación con datos referidos a la salud, las prestaciones sociales o cualquier otro asunto, comprometen seriamente su ya de por sí escasa credibilidad", han añadido.

Este jueves "le ha tocado quedar en evidencia a María Somalo, quien será recordada como la consejera de Salud que, durante la pasada legislatura, disparó hasta lo inasumible las listas de espera llegando a poner en serio riesgo la prestación de servicios tan esenciales como las Urgencias hospitalarias".

Porque "tratar de sacar pecho y defender al Gobierno central en materia de financiación de la dependencia, cuando es el Ejecutivo regional el que asume más del 80 por ciento del total de los gastos derivados de su prestación en La Rioja, roza el esperpento".

"Teniendo en cuenta que el coste medio por beneficiario es de 700 euros mensuales, y que únicamente 130 de ellos corren a cuenta de la Administración central, los 570 restantes los tiene que asumir la Autonómica", han apuntado desde el PP.

Por tanto, y a pesar de lo que asegura Somalo "sin ningún tipo de pudor, La Rioja cubre más del 80 por ciento del coste de los servicios y prestaciones en materia de dependencia, lo que, sin lugar a dudas, representa un esfuerzo presupuestario muy significativo para esta comunidad autónoma".

La diputada regional socialista "ha vuelto a desaprovechar hoy una buena ocasión para sumarse a la legítima demanda del presidente Gonzalo Capellán para que el Gobierno central cumpla la Ley y cofinancie al 50 por ciento la atención a la dependencia en nuestra región, como sí hace en otras comunidades, y no solo un porcentaje tan exiguo como el 20 por ciento". En lugar de eso, "ha preferido tratar de utilizar políticamente las necesidades de las personas dependientes".

La realidad demuestra que La Rioja ha aportado durante los últimos siete años casi 485 millones de euros a la financiación de la dependencia, mientras que el Estado "solo ha destinado 112 millones a este fin". Así que, "en lugar de hacer el ridículo cada vez que tiene delante un micrófono para falsear datos relacionados con la salud o los servicios sociales, lo que pueden hacer Somalo y el resto de compañeros de su grupo parlamentario "es adherirse a los justos requerimientos del Ejecutivo regional al Gobierno de Pedro Sánchez para que, de una vez por todas y tal y como está haciendo con el País Vasco, asuma la responsabilidad legal que tiene de financiar la mitad del coste de esta prestación pública fundamental".

Una propuesta del Ejecutivo riojano que se completa con la necesaria cofinanciación de otro servicio público fundamental que se presta de forma gratuita en La Rioja: la educación de 0-3 años, cuyo coste estimado en caso de cofinanciación para 2026 asciende a 10 millones de euros adicionales.

MENOR LISTA DE ESPERA EN DEPENDENCIA

Somalo ha omitido este jueves apuntar que La Rioja es la quinta comunidad autónoma "con menos lista de espera en dependencia de toda España", según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. De hecho, y según los últimos datos del Observatorio Estatal para la Dependencia con datos del citado ministerio, La Rioja volvió a cerrar el año pasado con una nueva rebaja interanual de las listas de espera en este ámbito. Así, La Rioja la redujo en 46 días, pasando de los 220 del cierre de 2024 a los 174 actuales, es decir, un 6,3 por ciento frente al 4,5 por ciento de la media nacional.

En este sentido, el tiempo medio registrado en España desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 341 días en diciembre de 2025, 7 días más que al comienzo del año. Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay cinco comunidades por debajo de ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (129), Aragón (141), Castilla-La Mancha (165) y La Rioja (174).

Navarra (201) y Cantabria (203) se encuentran cerca del plazo máximo y en el otro extremo estarían Murcia (559 días), Andalucía (496 días) y Canarias (430 días).

En el "colmo de su desfachatez", Somalo ha presumido también de la aprobación de la Ley ELA que "el Gobierno central socialista mantuvo bloqueada dos años y medio en el Congreso de los Diputados hasta su aprobación definitiva, en octubre de 2024".

Por eso, desde el PP le han recordado que el Gobierno de La Rioja ha aprobado recientemente la implantación del nuevo Grado III+ de dependencia extrema para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en fase avanzada y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, de forma que los afectados tienen acceso a una ayuda económica de entre 3.200 a 9.859 euros, con diversos tramos intermedios en función de la intensidad de los cuidados.

De este modo pueden contratar los profesionales necesarios para procurar atención especializada desde 8 a 24 horas al día, los siete días de la semana. Una medida gracias a la cual, la propia presidenta de una de las asociaciones mayoritaria de afectados, "mostraba su orgullo por este logro, al tiempo que reconocía públicamente que el trabajo con el Gobierno de La Rioja ha sido muy grato, cercano y eficaz".

Los riojanos saben que, "diga lo que diga el PSOE, el Ejecutivo regional del PP siempre ha mostrado un firme compromiso en esta legislatura con la mejora de la atención a las personas en situación de dependencia". Y que uno de los pilares fundamentales de este compromiso es el incremento de las plazas públicas en la región. Un objetivo que responde a la necesidad de garantizar que todas las personas que necesiten atención, "ya sea en modalidad residencial o en otros tipos de servicios como la atención domiciliaria o centros de día, tengan acceso a una plaza pública adecuada a sus necesidades".