El PR denuncia la inexistencia de plan de seguridad en la obra de Gran Vía y acusa al alcalde de "actitud prevaricadora"

LOGROÑO 3 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PR Miguel Gómez Ijalba denunció hoy la inexistencia de plan de seguridad en la obra de urbanización superficial del último tramo de Gran Vía, y acusó al alcalde de "actitud prevaricadora y trato de favor a sus amigos".

Gómez Ijalba señaló que "todo este proyecto ha estado rodeado de la polémica, porque, para empezar, no se nos ha permitido ver el proyecto, todo apunta a que las obras no cuentan con licencia y, por si esto fuera poco, el proyecto de urbanización no está aprobado, por lo que, aunque tuviera licencia, ésta no tendría validez".

A todo ello, sumó "una nueva irregularidad", la falta de planes de seguridad "que son obligatorios desde 1995, que deben ir dentro del proyecto y del presupuesto de los trabajos". Este plan, explico, plantea exigencias en temas como el uso del casco o mascarillas, los requisitos para el vallado, el tapado de huecos o la distribución del tráfico.

"No sólo es que este plan no existe sobre el papel -añadió el edil regionalista- es que tampoco en la práctica se están adoptando estas medidas". Para Gómez Ijalba, todo esta situación "es muy grave porque, en primer lugar, no pasa nada por estas carencias, hay un claro trato de favor para una obra que está dirigida por amigos del alcalde".

A su juicio, si estos trabajos "los estuviera haciendo un particular, la obra estaría paralizada", por lo que consideró que "existe una clara actitud prevaricadora por parte del equipo de Gobierno municipal y, sobre todo, por parte del alcalde Julio Revuelta, que, cuando hacen estas cosas sus amigos, lo deja pasar, pero si lo hacen particulares, no".

Toda esta situación "roza el esperpento, con la oposición sin acceso a los proyectos, un proyecto de urbanización no aprobado, una obra en la que no se cumple el plan de seguridad y, mientras, no se hace nada contra los adjudicatarios", algo en lo que no es el primer caso "porque también se ha hecho algo similar en la venta de la Plaza de la Paz".

Por ello, se preguntó, en el caso de Gran Vía, "si existe un dinero presupuestado en el proyecto para un plan de seguridad, ¿dónde se está gastando ese dinero, que es una cantidad importante?", que cifró en "alrededor de un 5 ó un 10 por ciento del presupuesto total de la urbanización", que alcanza los tres millones de euros.

Gómez Ijalba reclamó, por contra, al equipo de Gobierno municipal "que realice las inspecciones necesarias, y que se haga cumplir a la adjudicataria de las obras los requisitos que sí se están solcitando a otros particulares". "El único responsable es el Ayuntamiento, que está haciendo caso omiso de las denuncias, con trato de favor a sus amigos", finalizó.