PSOE acusa a Gobierno local de "discriminar" a las personas "más vulnerables" en la adjudicación de VPO en Logroño

   LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha acusado este jueves al equipo de Gobierno local de "discriminar" a colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, familias numerosas y monoparentales o víctimas de violencia de género, en la adjudicación de viviendas de protección oficial en la ciudad.

   Como ha señalado en rueda de prensa el concejal socialista Iván Reinares, ya en las semanas anteriores hemos venido denunciando todo lo que va alrededor de la VPO, de la adjudicación de los solares y de todo el proceso de la adjudicación de las viviendas", creando "caos administrativo" y "opacidad".

   Una situación "en la que el Ayuntamiento ha decidido que, para esa adjudicación se rija la 'ley de la selva', con un sistema de orden de llegada o de sortos privados en listas de las promotoras". "Desorden", ha dicho Reinares que, más allá de lo administrativo, tiene "consecuencias humanas".

   "Venimos a demostrar, con las leyes en la mano, que la ley de más fuerte está atropellando los derechos de los colectivos más vulnerables", ha apuntado el edil, quien ha recordado que "los derechos no son un regalo, son un mandato".

   Así, ha hecho referencia en primer lugar a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que "obliga a reservar un cupo mínimo del 4% de las viviendas adaptadas en toda promoción de vivienda protegida específicamente para personas con movilidad reducida", así como a la Ley de accesibilidad universal de La Rioja.

   En este sentido, ha pedido a la concejala que "informe públicamente si puede garantizarnos hoy que existe ese 4% reservado que obliga a la normativa estatal; si se ha informado a las personas con discapacidad inscritas en el IRVI de que esas promociones contaban con pisos reservados para ellos; y si están reservados, si puede garantizarnos que ese 4% se va a adjudicar a quien lo necesite con criterios de igualdad".

   Pero, a su juicio, "con el sistema que las propias promotoras han hecho, diferentes entre unas y otras, de listas privadas las dos, pero uno por orden de llegada y otro por sorteo privado, el piso se lo lleva el más rápido o el que más contactos tiene, y es puro azar que entre ellas haya una persona con discapacidad".

   "Y si no las hay, el cupo legal del 4% se pierde", ha reseñado Reinares, quien ha hecho también referencia a la normativa autonómica, que "regula específicamente las viviendas reservadas y, especialmente en el artículo 39, habla del cambio de destino", es decir, si las viviendas reservadas "no van para personas con discapacidad, caso en el que no pueden pasar automáticamente al cupo general".

   El problema que se crea en este caso, ha argumentado, "es cómo van a acreditar que no hay demanda si ni siquiera han hecho un sorteo específico para este cupo ni una publicidad para este cupo".

VÍCTIMAS.

   En segundo lugar, se ha referido a los casos de víctimas de violencia de género, en los que "la norma regional establece literalmente su acceso sin cupos pero preferente, que es la palabra clave, a la vivienda protegida", lo que "significa pasar antes, significa que tu necesidad de protección está por encima del orden de llegada".

   En este sentido, se ha preguntado igualmente si se ha informado a las personas inscritas en el IRVI de esta condición de preferencia, ya que existe en la inscripción en el registro una casilla para víctimas de violencia de género de trata o de trata con fines de explotación sexual, y también "si el Ayuntamiento ha velado porque se cumpla la ley en este sentido o, como nos tememos, ha dejado que estas personas al albor de la decisión de cada promotora".

   Y, en tercer término, Reinares ha lamentado, además, otra desconsideración, en este caso, "hacia las familias numerosas". La lógica, ha dicho el concejal, dice que los pisos grandes "deben ser para las familias grandes, pero con el sistema de listas privadas sin criterio alguno nada garantiza que una persona soltera, simplemente porque madrugó más, compre el piso de 4 habitaciones reservado para familias numerosas".

   Reinares ha subrayado igualmente que las víctimas del terrorismo o las familias monoparentales "también están siendo tratados como un número más en una lista comercial".

   Con todo, el concejal socialista ha exigido al equipo de Gobierno "que vele en la licitación actual por el cumplimiento de las diferentes normativas y, por lo tanto, que se garanticen los derechos de estas personas".

   Por todo ello, ha argumentando que "si esperamos al final a utilizar este registro, puede ser que la vivienda adaptada ya estará vendida a otro, que la víctima de violencia se habrá quedado fuera de la lista y que incluso puede ser que el IRBI o el Gobierno de La Rioja tengan que denegar visados creando una cuestión jurídica sin precedentes en esta región".

   Y ha querido también el concejal reseñar que "hay que ser muy claros con la responsabilidad: el suelo, cuando se vendió, es un suelo municipal; el pliego es municipal; la responsabilidad de haber dejado con el pliego un vacío administrativo, un vacío legal, es municipal".

   Incluso, ha considerado que "el Ayuntamiento ha puesto en un compromiso al Gobierno de La Rioja al no querer en su pliego regular esta adjudicación porque, como muchas de las leyes autonómicas que he dicho, el Gobierno de La Rioja es el encargado de velar porque se cumplan".

   "Volvemos a exigir que se garantice en la licitación actual los derechos de las personas que, por ley, tienen derecho a acceso o a preferencia; que se realice un sorteo único y público gestionado desde lo público; y que ese sorteo se haga con un cruce previo de datos para adjudicar primero los cupos necesarios de discapacidad, violencia de género, familias numerosas, tal como obligan las leyes estatales y autonómicas. Porque cumplir la ley no es una opción, sino que es una obligación", ha finalizado Iván Reinares.