Pide a la firma la paralización de los trabajos y en caso contrario, que intervenga el Ayuntamiento de forma subsidiaria
LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El concejal del PSOE Vicente Urquía denunció hoy que la empresa propietaria del inmueble correspondiente al número 2 de la Plaza Alférez Provisional -Casasal SA- está ejecutando en el 5º piso del edificio unas obras "sin ninguna licencia" que habían sido paradas por un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, por lo que instó "a su inmediata paralización".
Urquía, que compareció ante los medios frente al edificio y junto a una de las tres inquilinas del inmueble, Brigitte Bauve -vecina del 4º piso, justo debajo de donde se realizan los trabajos-, recordó que "este es un caso de 'mobbing' inmobiliario que lleva ya bastante tiempo en marcha", y apuntó el año 2003 "que fue cuando se pidió la declaración de ruina".
Desde entonces, según sus datos, "se han realizado cuatro requerimientos por parte del Ayuntamiento a la empresa para mantener el edificio en condiciones, pero no se ha hecho caso y todo ha ido a peor, con entrada de agua, de palomas y, ahora, con estas obras", que, indicó, "se comenzaron a hacer la semana pasada".
El Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño dictó el pasado mes de febrero, tras la denuncia de Bauve, el auto para la paralización de los trabajos, "pero ahora, como suele ocurrir en agosto, las administraciones están paradas, se pasan la pelota una a otra y, al final, la empresa ha comenzado a trabajar".
Demostró sus afirmaciones en la presencia, en la acera frente al portal del edificio, de un contenedor de escombros "en el que se pueden ver partes del techo y de las molduras", una circunstancia que consideró como "grave", ya que, según recordó, "el edificio cuenta con protección de nivel III, que, entre otras cosas, implica que deben mantenerse elementos de valor como estas molduras".
Por todo ello, Urquía reclamó que "el Juzgado actúe y que la obra se paralice". Precisamente, momentos después de la comparecencia ante los medios, el PSOE ha dado a conocer una providencia del Juzgado encargado del caso, en la que "se confirma que las obras en el edificio carecen de autorización y no pueden realizarse".
Así, los socialistas instaron al Gobierno municipal "para que si la propiedad no para la obra voluntariamente, se paralice a través de la Policía Local".
Urquía, en este sentido, consideró que el equipo de Gobierno "es el máximo responsable del tema, por no actuar" y recalcó que "no tienen que dar más plazos ni hacer más requerimientos, sino ir a la ejecución subsidiaria para tener el inmueble en condiciones".
"Es una situación de acoso a la única vecina que les molesta", dijo el edil del PSOE, que recordó que, en el mismo edificio, está la sede regional del PP "y es incomprensible que no hagan nada", por lo que, a su juicio, lo que existe es "una situación de complicidad con la empresa, algo oscuro, son cómplices para que se declare en ruina".
Por su parte, Brigitte Bauve explicó que vive con su familia en el edificio desde el año 1978, y que, en octubre de 2002, se enteraron de que el inmueble se había vendido, sin saber a quién. Poco después, en sus palabras, conocieron la identidad del comprador "y se puso de manifiesto que su única intención era echarnos de la casa".
Acusó a la empresa Casasal SA de ser "un testaferro de alguien, no sabemos quién, pero es alguien muy fuerte, porque ni el PP, ni el juzgado, ni la Policía Local hacen nada; y, mientras, me están destruyendo mi casa, me están machacando con grietas, goteras y el miedo siempre de que se caiga la casa".
Con todo, Bauve aseguró que no va a dejar la vivienda "porque eso es lo que quieren; pero yo estoy en mi casa, y no la voy a abandonar, tengo mis derechos". Confesó, sin embargo, vivir "en la desprotección y el miedo, estoy constantemente asustadísima". "No puedo más, y nadie hace nada", finalizó con voz rota y lágrimas en los ojos.
