PSOE: "La improvisación de María Martín y Gonzalo Capellán sitúa a la sanidad pública riojana en una deriva preocupante"

   LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El PSOE de La Rioja ha criticado este martes que "la improvisación de María Martín y Gonzalo Capellán sitúa a la sanidad pública riojana en una deriva preocupante".

   Así lo ha asegurado el diputado regional Miguel González de Legarra en una rueda de prensa en la que ha explicado que el pasado 22 de julio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño "dictó un Auto por el que suspendía la convocatoria del proceso de selección que había convocado el SERIS para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de médicos".

   Todo, "tras la interposición de un recurso por parte de la Abogacía del Estado". González de Legarra ha dicho que "estamos ante una resolución judicial que trasciende el ámbito de un procedimiento administrativo y que pone seriamente en cuestión la forma en la que el Gobierno de La Rioja está intentando gestionar la falta de médicos".

   Cuando un juez decide suspender cautelarmente una actuación de una Administración Pública "no lo hace por un mero defecto formal, ni por una cuestión menor, lo está haciendo porque aprecia indicios suficientemente sólidos de que esa actuación puede ser contraria a Derecho".

   El diputado socialista ha asegurado que el juez "ha suspendido la convocatoria aprobada por el Servicio Riojano de Salud para incorporar personal fijo en una nueva categoría denominada 'Técnico Titulado Superior Rama Sanitaria (Médico)', correspondiente a la OPE de 2025".

   Y la ha suspendido "porque entiende que existen razones suficientes para pensar que esa convocatoria puede vulnerar la legislación básica del Estado".

   El origen de este problema es que el Gobierno de La Rioja "no convocó en esta OPE plazas de Médicos de Familia, ni plazas de facultativos especialistas". Lo que hizo fue "crear una categoría que, jurídicamente, pertenece al ámbito del personal de gestión y servicios".

   Hasta aquí el asunto "puede parecer solamente una cuestión técnica, pero deja de serlo cuando uno lee en la convocatoria cuáles eran las funciones que esas personas iban a desempeñar".

   Porque las funciones que se les iban a exigir a estos nuevos contratados "no consistían en realizar tareas administrativas, sino que consistían en hacer cribado de pacientes, prestar asistencia telefónica, apoyar la atención continuada, gestionar bajas médicas, recetas y colaborar directamente con los centros de salud". Es decir, "se les iban a asignar funciones claramente asistenciales".

   Miguel González de Legarra ha asegurado que la abogacía del Estado "sostiene que esas funciones asistenciales sólo pueden ser desempeñadas, como es lógico, por médicos especialistas conforme a la legislación vigente".

   Lo que el Gobierno de Gonzalo Capellán pretendía hacer es "utilizar una categoría distinta de la prevista por la legislación para cubrir unas funciones que la ley reserva en exclusiva a otra categoría profesional". En definitiva, el Ejecutivo "ha querido resolver un problema sanitario mediante un artificio administrativo".

   El diputado socialista ha afirmado que "esto es extraordinariamente grave, porque cuando un Gobierno empieza a buscar atajos para evitar afrontar un problema estructural, deja de gestionar y empieza a improvisar". Y cuando esa improvisación acaba encima de la mesa de un juez "nos encontramos con un serio problema de gestión".

   González de Legarra ha señalado que "lo verdaderamente preocupante es que esta resolución retrata una forma de gobernar del Ejecutivo regional". La Rioja tiene un Gobierno "incapaz de atraer profesionales, e intenta cambiar el nombre de las plazas para hacer creer que lo ha resuelto".

   Los riojanos "llevamos demasiado tiempo soportando listas de espera interminables, consultorios con dificultades para cubrir plazas, Centros de salud saturados, problemas permanentes en Atención Primaria y el desmantelamiento del hospital de Calahorra".

   Y ahora "descubrimos que, además de todo eso, el Gobierno pretende resolver la falta de médicos mediante fórmulas cuya legalidad acaba teniendo que decidir un juez". Esto puede explicar por qué para ampliar la cobertura asistencial en el Centro de Salud de Ezcaray durante el verano, "se ha decidido contratar a dos celadores".

   En definitiva, el diputado socialista ha denunciado que "tenemos un Gobierno que ha perdido el rumbo, una consejería que sustituye la planificación por la improvisación y un presidente que permanece impasible mientras la sanidad pública entra en una deriva cada vez más preocupante".