Sanz anuncia que si el Estado elimina el Impuesto de Patrimonio, La Rioja "podría bajar otros impuestos"

El presidente reclama al Gobierno central que el solar de Murrieta se destine "exclusivamente" al Palacio de Justicia de La Rioja

Europa Press La Rioja
Actualizado: viernes, 14 diciembre 2007 14:51

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, afirmó hoy que, si el Estado elimina el Impuesto de Patrimonio, el Ejecutivo riojano "podría bajar otros impuestos". Recordó que el Gobierno de La Rioja tiene previsto eliminar el Impuesto de Patrimonio esta legislatura, entre 2009 y 2010, lo que supondría dejar de recaudar 25 millones de euros aproximadamente.

En este sentido explicó que "si es el Estado el que elimina este impuesto tendrá que seguir pagando a la Comunidad lo que le corresponda como financiación autonómica por este concepto y, por lo tanto, la disposición de dichos fondos dará holgura al Ejecutivo riojano para bajar otros impuestos".

El jefe del Ejecutivo regional realizó estas manifestaciones durante una comparecencia de prensa, en la que analizó diversas cuestiones de actualidad regional y nacional. En materia impositiva subrayó que su gobierno ha optado "desde un principio por la rebaja de impuestos", algo que "se mantendrá en el futuro".

Para ello, matizó que La Rioja "ha utilizado su capacidad normativa sobre los impuestos cedidos, sabiendo que el Estado no tiene que darnos nada para compensar lo que no se ha recaudado".

En cambio, precisó que "si es el Estado el que adopta la medida y suprime el impuesto, sí que tiene que compensar a la Comunidad, de acuerdo con la cuantificación establecida en el sistema de financiación autonómica".

Por otra parte, Sanz reprochó que "se quiera politizar la recaudación de impuestos, algo que nunca antes había ocurrido, y plantear por intereses políticos un fraude a todos los riojanos ante un problema de gestión de un parking".

El jefe del Ejecutivo regional afirmó que "Hacienda somos todos y el pago de impuestos nos corresponde a todos en la medida en que los técnicos que recaudan los impuestos y la vía jurídica determinen". Unas declaraciones efectuadas por Sanz en relación a las declaraciones realizadas sobre el paso a propiedad de plazas de aparcamiento en parkings de Logroño.

Asimismo, señaló que el Ayuntamiento de Logroño debería comunicar "qué ha dicho la Agencia Tributaria respecto a la aplicación del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales en el paso a propiedad de las plazas de aparcamiento".

PALACIO DE JUSTICIA.

Por otra parte, Sanz indicó que ha reclamado al Ministerio de Economía y Hacienda que la parcela elegida en Murrieta por el Gobierno central para ubicar el futuro Palacio de Justicia de La Rioja, se mantenga para "uso exclusivo" de Justicia.

Explicó que la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local ha enviado dos cartas, una a la Dirección General de Patrimonio del Estado y otra a la Subsecretaría de Economía de Hacienda, en las que se traslada esta reivindicación.

En estas cartas se solicita que no se instalen en la parcela de Murrieta otras dependencias de la Administración del Estado en nuestra Comunidad Autónoma, puesto que el Gobierno riojano considera que la superficie mínima para construir el Palacio de Justicia de La Rioja ronda los 30.000 metros cuadrados, necesarios e imprescindibles para el correcto funcionamiento de este servicio ahora y en el futuro.

Asimismo, el Ejecutivo riojano ha planteado a la Administración central la posibilidad de que las actuales instalaciones del Palacio de Justicia en Bretón de los Herreros se destinen a los servicios periféricos de la Administración del Estado en La Rioja. De esta manera "mantenemos la actividad en el centro de la ciudad, tal y como se demanda desde diversos colectivos: Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros y Aparejadores", según señaló.

El presidente riojano insistió en que el Gobierno de La Rioja está dispuesto a asumir las transferencias en materia de Justicia siempre que estén "bien dotadas económicamente", y denunció la "falta de diálogo del Gobierno central con el riojano para abordar adecuadamente todo este proceso".

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