LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal pide tres años de cárcel a L.A.O.R, de 40 años, por un delito continuado de insolvencia punible, al crear empresas de construcción que después disolvía, trasladando a los trabajadores a nuevas compañías. Ello le llevó a no pagar cuotas a la Seguridad Social por valor de casi 1,5 millones de euros, cuantía que el fiscal le reclama pague, así como una multa de 16.200 euros.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño juzgará, el jueves, este caso. Según relata el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, junto a dos socios, uno de ellos ya fallecido y el otro en paradero desconocido, crearon hasta 14 empresas constructoras, entre 1996 y 2004, con el ánimo de obtener ilícito beneficio, para no abonar las cuotas de la Seguridad Social.
El acusado creaba empresas dedicadas a la construcción que inscribía en la Seguridad Social, dando de alta a sus trabajadores y cuando posteriormente generaba deuda, con el fin de eludir ese pago, los trabajadores pasaban a otra empresa de nueva creación. Un hecho que conllevaba que dejaba a la anterior empresa sin actividad y sin trabajadores, "sin proceder a la preceptiva liquidación y eludiendo el pago de cuotas de sus cotizaciones sociales ante la inexistencia absoluta de bienes".
El relato de la Fiscalía señala que cada empresa nueva, como carecía de deuda registrada, obtenía los certificados de la Seguridad Social de estar al corriente en el pago de cotizaciones. Ello permitía seguir contratando libremente en el sector y también traspasar trabajadores de unas a otras empresas. Para eludir los pagos, se ocultaba el domicilio real de la empresa, así como su centro de trabajo y de las obras realizadas, "haciendo imposible el embargo de la facturación, el único bien embargable por la Seguridad Social".
El acusado creó 14 empresas directamente o a través de "testaferros". En ocasiones utilizaba incluso a sus empleados, que pasaban de estar dados de alta como operarios no cualificados a ser administradores únicos de una empresa.
Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito continuado de insolvencia punible, por el que le reclama tres años de cárcel y 16.200 euros de multa. Además en concepto de responsabilidad civil, le pide que indemnice a la Tesorería de la Seguridad Social con 1,47 millones de euros.
