Actualizado 16/03/2022 15:28

El 22% de la población madrileña se encuentra en situación de exclusión social, cinco puntos más que antes del Covid-19

Presentación del 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid', de la Fundación Foessa
Presentación del 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid', de la Fundación Foessa - CÁRITAS MADRID

Crece la pobreza severa y aumentan las diferencias entre ricos y pobres

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un millón y medio de habitantes de la Comunidad de Madrid se encuentran en riesgo de exclusión social, el 22% de la población, lo que supone cinco puntos más que antes de la pandemia del Covid-19, con un aumento del 25% de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas.

Un 'shock' sin precedentes derivado de la tensión de la actividad económica y el empleo por la irrupción del SARs-CoV-2 que ha llevado a 370.000 madrileños desde 2018 a sumarse a la lista de personas en riesgo de exclusión social, pasando de representar el 17% de la población ese año a suponer el 22% en 2022.

Cáritas ha presentado este miércoles el 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid', de la Fundación Foessa, un acto en el que han intervenido el director diocesano de Cáritas Madrid, Luis Hernández, y Raúl Flores, coordinador del informe, así como Enrique Carrero, director diocesano de Cáritas Getafe, y su homólogo en Alcalá, Ricardo Ballesteros.

Unos efectos de la pandemia que han dejado a 800.000 madrileños en riesgo de exclusión severa, con un incremento del 25% respecto a 2018, y un crecimiento de la inequidad entre las rentas altas y las bajas.

En concreto, los más pobres han visto reducidos sus ingresos un 22% mientras que han crecido un 18% entre los más ricos. Así, el desplome de rentas del quintil con menores ingresos explica el aumento de la pobreza severa.

BRECHA DE GÉNERO Y MENORES DE EDAD

Las probabilidades de sufrir exclusión social, con 275.000 horas en lo que se denomina "sociedad expulsada", se incrementan por razones de género, nacionalidad y etapa de crianza.

De forma detallada, la incidencia de la exclusión en los hogares sustentados por mujeres es del 23%, frente al 21% en el caso de los hombres. Además, los hogares monoparentales a cargo de mujeres presentan niveles del 33% en este indicador, siendo especialmente intensa en mujeres menores de 45 años.

En cuanto al factor de la nacionalidad, los hogares en los que la sustentadora principal es extranjera, la prevalencia de la exclusión es del 51%, frente al 17% en el caso de ser española.

Además, la tasa de exclusión se triplica en aquellos hogares con dos o más miembros menores de edad, alcanzando a cuatro de cada diez familias numerosas.

Por el contrario, los hogares con menores probabilidades de exclusión social son aquellos sin menores, en los que la sustentadora principal tiene estudios superiores, y los encabezados por mayores de 65 años.

EMPLEO, VIVIENDA, SALUD Y BRECHA DIGITAL

En el informe se apunta como factores de exclusión social en la Comunidad el impacto de la pandemia en el mercado laboral, unido al incremento de los gastos relacionados con la vivienda, las dificultades de acceso a medicamentos o tratamientos médicos y el incremento de la brecha digital.

En concreto, aunque el impacto sobre el mercado de trabajo ha sido menor que el registrado en el conjunto del país y los últimos meses ofrecen datos positivos de recuperación de empleo, el informe constata que se ha producido un empeoramiento de las condiciones con mayor precariedad, parcialidad y temporalidad que genera más trabajadores pobres.

A una inestabilidad laboral grave que se ha duplicado y alcanza ya a 169.000 familias, se une así la evolución especialmente negativa del paro de larga duración, que ha pasado de afectar al 30% de desempleados en 2018 al 39% de 2021, y un incremento del 50% de hogares con todos los miembros en paro, con 150.000 hogares afectados.

Todo ello con un desempleo que afecta especialmente a jóvenes y extranjeros, con tasas de paro del 33% entre los menores de 25 años y del 19% entre las personas de otras nacionalidades.

Además, los problemas relacionados con la vivienda afectan ya a una cuarta parte de la población de la Comunidad, con un crecimiento del precio al que se une el aumento del coste de los suministros básicos, especialmente la electricidad y el gas.

En concreto, el precio de la vivienda se ha incrementado un 44% desde 2015, muy por encima de la media de España, según el Índice de Precios de la Vivienda que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, según el informe, el 16% de los hogares en la región está por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda, lo que sitúa a más de 400.000 familias con una reducida capacidad económica para terminar el mes.

Además, se ha triplicado la proporción de personas que residen en una vivienda insegura (con amenaza de desahucio, tenencia en precario, malos tratos), pasando del 3% al 11%.

Respecto al factor de la salud, el problema más relevante que cita el informe es la falta de acceso a medicación o tratamientos a causa de problemas económicos, con el 11% de los hogares afectados, casi 300.000, que han dejado de comprar medicinas, prótesis, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

También destaca la tasa de exclusión entre las personas que padecen una enfermedad mental, con un 14% de familias madrileñas con algún miembro al que se le ha diagnosticado algún trastorno de este tipo, y que supera en 10 puntos la del conjunto de la población.

Fuera del ámbito de los ingresos, otro factor que influye en el aumento de la desigualdad es la denominada 'brecha digital', un problema para 240.000 hogares, especialmente en el caso de los conformados solo por mayores de 65 años y personas sin estudios. De estos últimos, 82.000 se encuentran en situación de exclusión social.

RELACIONES SOCIALES Y FAMILIARES

Pero si algo se ha visto erosionado como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y las restricciones que ha llevado aparejada ha sido la calidad de las relaciones, unos problemas relacionados con el eje social que son los que en términos relativos más han crecido desde 2018.

Así, si en ese año afectaban al 5% de la población, ahora ese porcentaje se ha elevado nueve puntos hasta alcanzar el 14%, lo que supone un aumento del 200% en tres años.

De este modo, han crecido las situaciones de aislamiento y de conflicto social, con un incremento en estas últimas superior al 300% en términos relativos, aunque siguen siendo las relacionadas con malos tratos, malas relaciones dentro del hogar y embarazos adolescentes las que más han aumentado, de forma aún más pronunciada entre las personas en exclusión social.

Un contexto en el que además la ayuda mutua entre hogares en la Comunidad se ha reducido hasta el 26% (14 puntos menos respecto al 40% de 2018) y los hogares que ni dan ni reciben ayuda han pasado del 38% al 44%.

LAS INSUFICIENTES AYUDAS: IMV Y RENTA DE INSERCIÓN

Ante este escenario, el 'escudo social' puesto en marcha por las administraciones para intentar paliar la situación ha evitado que el panorama fuera "mucho peor" que el actual pero, según han recalcado desde Cáritas, "no ha sido suficiente".

Entre otras cuestiones en este sentido, ha urgido a asegurar una correcta compatibilidad entre el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en septiembre de 2021 sólo llegaba al 19% de la población en situación de pobreza severa, y la Renta Mínima de Inserción.

En materia de sanidad, han reclamado la necesidad de "garantizar un sistema de salud público de calidad, con especial atención a las personas en exclusión social, así como una mayor atención a los problemas de salud mental" e impulsar nuevas políticas frente a la exclusión residencial, "un problema que no deja de aumentar en la Comunidad de Madrid".

Cáritas también ha abogado por seguir dando pasos para contrarrestar la brecha digital, pero al mismo tiempo mantener canales de atención presencial para las personas que se quedan fuera de este sistema.