MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El candidato del PSOE y actual alcalde de Getafe, Pedro Castro, lleva 24 años como regidor y, si se cumplen sus previsiones, logrará la mayoría absoluta que perdió en las pasadas elecciones. De no ser así, el municipio seguirá siendo un bastión de la izquierda madrileña puesto que contará con el respaldo de IU, con quien también gobernó en coalición la pasada legislatura, cuando no le hacía falta su ayuda.
Por su parte, el candidato del PP, José Luis Moreno, se presenta por tercera vez como rival de Castro, aunque esta vez cuenta a su favor con el desgaste del alcalde y con el fichaje como número dos de la lista electoral del exjugador del Getafe CF Gica Craioveanu ídolo de la afición por ser uno de los principales artífices del ascenso del equipo a Primera División. Según los sondeos del PP, nunca antes ha habido tantas expectativas de cambio en Getafe.
Por último, el candidato de IU, Ignacio Sánchez Coy, es el único candidato novato en el puesto más alto de la lista. En principio, tiene garantizado el escaño, puesto la formazión de izquierdas consiguió 4 concejales en las pasadas elecciones, aunque, eso sí, después de impugnar los resultados de una mesa electoral, arañandole un edil al PSOE.
El municipio, que cuenta con 160.356 habitantes de los que 18.700 son inmigrantes, está formado por 27 concejales: 13 del PSOE, 10 del PP, 3 de Izquierda Unida y una concejala no adscrita que pertenecía antes a IU pero que fue apartada en el año 2004 del grupo municipal y expulsada del equipo de Gobierno tras ser acusada por la dirección de la formación liderada por Gaspar Llamazares de tener responsabilidades en una cooperativa de viviendas.
Eso, según dijo IU, era incompatible con el desempeño de un cargo público, aunque la concejala en cuestión, Catalina Mikúe, de origen guineano, siempre lo negó y aseguró que se trataba de un caso de racismo. Esta concejala se presentará a las próximas elecciones municipales a través de un partido de nueva creación, el Partido de los "Ciudadanos diversos" que cuenta con el apoyo de Los Verdes.
ASUNTOS ESTRELLA
El asunto estrella de la campaña electoral será la vivienda a causa de la reciente adjudicación de 7.200 viviendas de protección oficial en los nuevos desarrollos urbanísticos de Los Molinos-Cerro Buenavista.
Esta adjudicación de 40 parcelas entre 1.300 cooperativas fue realizada por un consorcio formado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que antes expropió los terrenos. El problema que es que una gestora de cooperativas, PSG, con 1.850 socios compró antes suelo y ahora rechaza la expropiación. Además, el consorcio sólo ha adjudicado 350 viviendas a esta gestora, por lo que los cooperativistas temen quedarse sin vivienda y sin dinero (han desembolsado en tres años entre 20.000 y 30.000 euros cada uno) a pesar de que el alcalde ha asegurado que habrá pisos para todos.
QUEBRADEROS URBANÍSTICOS
Durante esta legislatura, el Urbanismo es el asunto que mayores quebraderos de cabeza ha dado al alcalde. El PP de Madrid denunció en octubre de 2006 que ex concejales socialistas se enriquecieron con la puesta en marcha de promotoras de viviendas después de haber dejado el Ayuntamiento gracias a la información privilegiada que disponía. Sin embargo, el Gobierno municipal afirmó que hubo una comisión de investigación en su día a instancias del PP local sin que se detectara ninguna irregularidad urbanística. Además, el fiscal anticorrupción archivó la querella del PP.
Otra de los momentos tensos de la legislatura se produjo a tenor de la amenaza de huelga de hambre que el alcalde realizó en diciembre de 2004, ante la paralización de las obras de rehabilitación de la catedral de La Magdalena. El asunto se resolvió después de que la Comunidad de Madrid aportara la financiación necesaria, no sin que antes el PP y el PSOE, se repartieran acusaciones sobre si el dinero debía ponerlo el Gobierno regional o el central.
El suceso más triste de los últimos cuatro años fue la explosión de gas en una vivienda de la calle Valencia, donde fallecieron dos mujeres y un bebé en enero de 2005. En este caso, también hubo un nuevo enfrentamiento entre el PP y el PSOE sobre la falta de ayudas a los más de cien vecinos que resultaron afectados, ya que tardaron siete meses en poder regresar a sus casas.