La Eurocámara confirma que enviará una misión a Madrid pero retrasa la decisión sobre el calendario
BRUSELAS, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea dijo hoy que todavía no tiene una opinión sobre si las obras de soterramiento de la M-30 respetan o no la legislación medioambiental comunitaria porque no ha concluido el análisis de la "abundante" información que le han suministrado todas las partes, pero anunció que presentará "a finales de marzo" sus conclusiones preliminares sobre el proyecto.
En una comparecencia ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, el representante del Ejecutivo comunitario, Javier Ruiz-Tomás, explicó que la Comisión conoce "la magnitud, el interés y la importancia del proyecto, la gran cantidad de dinero implicado, la naturaleza de los trabajos y la complejidad de las cuestiones que plantea no sólo desde el punto de vista de la ley nacional sino también de la ley comunitaria".
No obstante, recordó que la responsabilidad de Bruselas es únicamente comprobar si la obra respeta la legislación medioambiental de la UE. "Como Comisión, no tomamos postura sobre cuáles son los beneficios o desventajas, eso son opciones políticas que no nos corresponde evaluar", explicó.
Los eurodiputados de todos los grupos criticaron unánimemente la tardanza del Ejecutivo comunitario en pronunciarse sobre las obras de la M-30 después de más de dos años de investigación, y le pidieron que acelere su análisis. Pero finalmente no se decidió, a pesar de que estaba previsto, sobre la fecha de la misión que el Parlamento enviará a Madrid para analizar el impacto de los trabajos.
El eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz señaló que él nunca había votado sobre el envío de la misión, a lo que el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, respondió que la decisión ya fue tomada en noviembre por los coordinadores de los grupos y "había que cumplir" con lo acordado. Por ello anunció que se dirigirá al presidente de la Eurocámara, Josep Borrell (PSOE), para pedirle autorización sobre el viaje, aunque la fecha se fijará "en un futuro", cuando se haya decidido la composición de la delegación.
DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO
Ante la Comisión de Peticiones compareció el director general de Desarrollo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, José María Ortega, quien aseguró que el Ayuntamiento nunca ha intentado eludir la evaluación de impacto ambiental de las obras de la M-30. Según dijo, fue la Comunidad de Madrid la que solicitó un dictamen al Consejo de Estado, que declaró que las actuaciones municipales no están sujetas a evaluación de impacto ambiental.
No obstante, la Comunidad de Madrid impuso nueve condiciones previas a las obras y 19 para la fase de ejecución, cuyo cumplimiento se evalúa cada tres meses. Ortega señaló que el proyecto "está sometido al control político y al control judicial", y hasta ahora todas las sentencias han dado la razón al Ayuntamiento. Asimismo, defendió que el proyecto "tienen un efecto positivo evidente en términos ambientales, sociales y puramente económicos".
La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid y promotora de la queja ante la Eurocámara, Inés Sabanés, destacó que la evaluación de impacto ambiental es la "seña de identidad y emblema" de la legislación medioambiental de la UE, y por ello calificó de "alarmante" la resistencia del Ayuntamiento a aplicar el procedimiento a la M-30 mediante actuaciones como calificar de calle "lo que es una autovía urbana o fragmentar el proyecto".
También criticó que no se hayan estudiado las alternativas a la obra y que se haya vulnerado el derecho a la información. Asimismo, dijo que ya se han producido daños al patrimonio y vertidos al río, y censuró al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por "ceñirse al calendario electoral" y no dar las "garantías necesarias" al proyecto.
También intervino en el debate Samuel Martín-Sosa Rodríguez, en representación de Ecologistas en Acción, quien destacó que el soterramiento de la M-30 es "incompatible con la protección de la salud de los madrileños". En este sentido, explicó que Madrid supera los valores máximos de contaminación marcados por la normativa comunitaria y que diversos estudios han demostrado que si las emisiones se recortan, podrían ahorrarse 1.700 muertes al año. La puesta en servicio de la nueva M-30 aumentará el tráfico en 200.000 vehículos privados más, y supondrá un nuevo aumento de la contaminación, dijo.
Por parte de la asociación de "Afectados Nudo Sur", Roberto Tornamira explicó que representa a 13.000 vecinos de que se oponen a las obras y que viven en "uno de los puntos más negros" de la M-30. Tornamira se mostró "preocupado" por la ausencia de estudio de impacto ambiental y destacó la "alarma social" que existe en el barrio por los efectos nocivos de la contaminación, especialmente sobre los grupos más vulnerables, ancianos y niños.
CRÍTICAS POR NO ESTAR GALLARDÓN
Durante el debate entre los eurodiputados, el socialista Carlos Carnero criticó que Ruiz-Gallardón no haya viajado a Bruselas a "defender su proyecto estrella". También destacó que el Ayuntamiento no ha utilizado el crédito de 1.500 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con mejores condiciones que las del mercado, y lo atribuyó a que estos fondos están sujetos al cumplimiento estricto de las normas de la UE. "El Ayuntamiento considera que no se pueden cumplir o que no se puede evaluar su cumplimiento porque la Comunidad le ha eximido del estudio de impacto ambiental", dijo.
Por parte de Izquierda Unida, Willy Meyer calificó de "insostenible" la argumentación realizada por el Ayuntamiento de Madrid e insistió en que la M-30 es una "autovía urbana", y las obras "exigían el estudio previo de impacto ambiental", por lo que criticó que "se quiera burlar esa obligatoriedad". Asimismo, señaló que las asociaciones de vecinos están en contra de los trabajos.
Por el grupo de los Verdes, David Hammerstein señaló que el Ayuntamiento "maquilla la realidad" y está convirtiendo a Madrid en una ciudad "campeona en emisiones y contaminación". Asimismo, declaró que es un "escándalo" que el BEI financie las obras de la M-30 y pidió que los responsables de la institución financiera comparezcan ante la Eurocámara.
Carlos Iturgáiz destacó, en representación del Grupo Popular, que cuando terminen las obras habrá un parque de 50 hectáreas en la zona, y dijo que el Ayuntamiento no ha utilizado el crédito del BEI porque la Comisión todavía no se ha pronunciado, por lo que abogó por retrasar cualquier decisión sobre el caso hasta que el Ejecutivo comunitario emita su veredicto. El también popular José Ignacio Salafranca apuntó que Madrid "es una de las ciudades con más zonas verdes de Europa", e insistió en que la M-30 "no está sujeta a la legislación medioambiental de vías urbanas".
