Recuerda los daños "irreparables" causados por las obras y alerta de posibles multas que saldrán del bolsillo de los madrileños
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal socialista de Madrid advirtió hoy que "de la ley no se escapa nadie, por mucho que se uno llame Alberto Ruiz-Gallardón", y exigió al regidor que no pierda el tiempo presentando alegaciones ante el expediente "claro, evidente y rotundo" abierto por la Comisión Europea contra las obras de la M-30 y que ordene la elaboración "inmediata" de un estudio de impacto medioambiental del proyecto al tiempo que tome medidas concretas.
En rueda de prensa, la portavoz del PSOE, Trinidad Jiménez; el concejal responsable en materia de Infraestructuras, Félix Arias; y el diputado socialista en el Parlamento Europeo Carlos Carnero coincidieron en deducir que de la carta que próximamente recibirá el Ayuntamiento de Madrid se puede extraer que la UE "se lleva las manos a la cabeza ante el hecho inaudito de que una obra de tal magnitud esté exenta de estudios ambientales previos".
Según Carnero, tanto Ruiz-Gallardón como la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, "han incumplido el principio de prevención establecido por las directrices comunitarias y han causado gravísimos daños al entorno y a los ciudadanos, algunos de ellos irreversibles e irreparables".
"A ello hay que sumar --vaticinó-- la pérdida de credibilidad e imagen que podría significar una sentencia negativa para la ciudad por parte del Tribunal de Justicia Europeo en caso de que el Gobierno local se mantenga firme a sus intenciones, así como las multas que se impondrían, cuyo dinero lógicamente saldrá de nuestros bolsillos".
EL PROCESO EN LA UE
Durante su intervención, Carnero explicó que tras el expediente de ayer, ahora el Ayuntamiento tiene dos meses para presentar sus correspondientes alegaciones explicando por qué decidió no realizar un informe medioambiental previo. "Posteriormente, y dado que este último pronunciamiento de la UE es muy claro y creo que no cambiará por mucho que alegue el Consistorio, el Ejecutivo comunitario obligará a cumplir una serie de requisitos en otro nuevo plazo de dos meses", añadió.
En el caso de que dichos requerimientos no sean cumplidos la Comisión denunciará el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo, "cuya sentencia será firme e inapelable", matizó. "Esta circunstancia no evita que al mismo tiempo se puedan establecer multas así como negativas a la concesión de diferentes ayudas, tanto a la Administración autonómica como a la local", subrayó. "Ruiz-Gallardón y Aguirre han incumplido la ley europea, que en definitiva es la ley española", concluyó.
"NO A CUALQUIER PRECIO"
Por su parte, Jiménez consideró "legítima" la decisión del Ayuntamiento de querer terminar las obras antes de las elecciones municipales del año que viene, pero insistió en que esto "no se puede hacer a cualquier precio". En este sentido, se remitió a las palabras del concejal de Hacienda, Juan Bravo, en el Pleno del pasado mes de febrero en las que por primera vez algún miembro del equipo de Gobierno reconocía que "se había solicitado la excepción de impacto con el objetivo de agilizar el proceso".
Además, aseguró que con una declaración medioambiental previa a las obras no se habría producido, entre otras cosas, la tala indiscriminada de 20.500 árboles con una media de 35 años cada uno, ni el incremento de los niveles de ruido y contaminación en la ciudad, con las consecuentes "afecciones y trastornos graves en la calidad de vida de los vecinos".
Por ello, la edil socialista destacó que, a pesar de que la decisión de la UE conlleva por naturaleza la paralización de las obras, el PSOE entiende que esto "no se haga" ya que la detención de algunos proyectos supondría "importantes perjuicios que habría que sumar a los existentes actualmente".
OFRECIMIENTO DEL PSOE
En este sentido, Arias mostró su ofrecimiento para estudiar posibles alternativas y reducir los problemas que generan las obras mientras se lleve a cabo el informe medioambiental, que, en su opinión, y si se realiza con todas las garantías, puede tardar entre seis y ocho meses.
Así, se refirió a la necesidad de elaborar un documento "rápido" de la situación de cada uno de los trabajos con el fin de determinar cuales de ellos se pueden paralizar sin consecuencias negativas para el entorno y la calidad de vida de los vecinos, ya que varios de ellos todavía no han comenzado. También plateó iniciativas, entre las que destacó la creación de una red de transporte público que recorra la M-30 y una los principales intercambiadores.
"Ruiz-Gallardón ha metido a la ciudad en un lío y mientras se hace la declaración de impacto medioambiental, que, aunque parezca que no puede solucionar problemas por el avanzado estado de las obras realmente puede dar respuesta a otras situaciones futuras como la densidad de tráfico o la contaminación, debería de tomar medidas oportunas para reducir lo máximo los riesgos que genera el desarrollo de este proyecto", sentenció.
