Un 39,7% de los jueces de Madrid secundan la huelga

Concentración en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid por la huelga de ju
EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 19 noviembre 2018 15:16

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 39,7 por ciento de los jueces de la Comunidad de Mari han secundado la huelga convocada por las asociaciones judiciales para reclamar más recursos e independencia judicial.

Según los datos recabados hasta las 14.30 horas, un total de 318 jueces de los 801 que hay en la región se han sumado a la jornada de huelga de jueces y fiscales de toda España.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Independiente Judicial (FIJ), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) convocaron el pasado 22 de mayo la segunda huelga de estos colectivos en España, que resultó ser la primera que hicieron de forma conjunta.

Las reivindicaciones que entonces se llevaron ante el Ministerio dirigido por el 'popular' Rafael Catalá son bien conocidas por Delgado, ya que participó en ella.

No obstante, según destacaron varias asociaciones tras una reunión que mantuvieron con Delgado, ésta les confesó que no compartía la huelga y que las negociaciones sobre las reivindicaciones de los miembros de las carrera judicial y fiscal se podían ver afectadas.

Unas "advertencias" que han sido rechazadas por cinco de las asociaciones, en un comunicado dado a conocer este viernes, al considerar que es una técnica que "recuerda épocas ya superadas" y que tiene el objetivo de "amilanar" para evitar la convocatoria.

Entre las reclamaciones, los jueces vuelven a exigir el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales.

Por su parte las asociaciones de fiscales pedían la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

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