MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El 42,87 por ciento de las comunidades de vecinos madrileñas tuvieron propietarios morosos en el año 2015, lo que significa que el importe medio de la morosidad en cada comunidad de propietarios asciende a 1.377 euros, según expone el Estudio Global sobre la Morosidad en Comunidades de Propietarios de 2015.
El estudio, elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), ha detallado que, en cuanto a morosidad financiera, el porcentaje de comunidades de propietarios que tuvo en 2015 pagos pendientes a entidades bancarias es del 8,17 por ciento.
Sin embargo, el nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios madrileñas disminuyó en 2015 en un 2,5 por ciento respecto al año 2014, alcanzando el importe global de 246 millones de euros, frente a los 252 millones de euros de 2014.
En este sentido, la Comunidad de Madrid es, junto con Navarra, Islas Baleares, Asturias, Murcia, Galicia, País Vasco y Andalucía, la comunidad donde más se notó este descenso generalizado.
Respecto a la morosidad bancaria, también ha disminuido, en este caso un 14,9 por ciento, alcanzando 52 millones de euros en 2015 frente a los 61,10 millones de euros de 2014.
Por otro lado, el estudio también ha detallado que el 48,48 por ciento de los inmuebles que son propiedad de los bancos todavía tiene deudas con las comunidades de propietarios.
Según ha manifestado la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), Manuela Julia Martínez Torres, las entidades financieras "siguen acumulando retrasos en el pago de las cuotas de comunidad de viviendas que tienen en su cartera".
Desde CAFMadrid han destacado la necesidad de "incidir más en aspectos determinados para dar respuesta al problema de la morosidad", a pesar de la mejora de los datos respecto al año anterior al estudio.
Por su parte, el presidente del CGCAFE, Salvador Díez, ha anunciado que desde el consejo se ha propuesto una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal "que haga posible que la afección real debería ser hasta un total de cinco años, que es el plazo de prescripción normal, para que sea posible que la reclamación se extienda a la parte vencida de la anualidad en curso y los cuatro años anteriores".
