El abogado Moñux denunció su temor a que el hijastro de Laureano Oubiña acabara con su vida

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El abogado Alfonso Díaz Moñux, asesinado de dos tiros en la cabeza en diciembre de 2008, denunció meses antes de su asesinato sus sospechas de que uno de sus antiguos clientes, hijastro del narco gallego Laureano Oubiña, tenía intención de acabar con su vida desde prisión e incluso se puso en contacto días antes de su muerte con la Brigada de Secuestros de la Policía para advertir de que estaba siendo vigilado.

   Estos hechos están incluidos en uno de los escritos de defensa de uno de los ocho acusados en el juicio que ha arrancado este miércoles por el asesinato de este letrado perpetrado el 18 de diciembre en su domicilio de Madrid. Moñux estaba especializado en casos relacionados con el tráfico de drogas y defendía a Zakhar Kalashov, el supuesto jefe de la mafia ruso-georgiana relacionado con la operación 'Avispa'.

   También el abogado de la acusación particular que defiende al hermano de la víctima sostiene que éste temía por su vida meses antes y que incluso llamó días antes del asesinato a la Brigada de Secuestros y Extorsiones de la Policía para advertir de que estaba siendo vigilado.

   Los procesados se enfrentan a una petición fiscal de penas de entre 15 y 24 años de prisión por un delito de asesinato. Unas cámaras de seguridad situadas en la calle donde se produjo el crimen grabaron antes del asesinato a los supuestos autores de los dos disparos que acabaron con su vida.

   Después la selección del Jurado Popular, la secretaria judicial del tribunal ha procedido a la lectura de los escritos de defensa en la que los ocho abogados discrepan de los hechos que sustenta la Fiscalía de Madrid al señalar a sus clientes como autores del crimen.

   Tras ello, las partes han procedido al planteamiento de cuestiones previas ante el tribunal. En la sesión de mañana comenzarán los interrogatorios a los ocho procesados, entre los que no se encuentra el hijastro de Oubiña.

AMENAZADO

   Uno de los escritos de defensa recoge que Moñux denunció en varias ocasiones ante la Policía que sospechaba de que David Pérez Lago, el hijastro de Laureano Oubiña, quería acabar con su vida desde prisión. Por ello, habría dado órdenes a unos sicarios para llevar a cabo el crimen.

   Según esta defensa, Pérez Lagos había sido cliente de Moñux y de su pareja por temas relacionados con el narcotráfico.  Sin embargo, los investigadores no creyeron sus denuncias a pesar de que presentó varias pruebas documentales como fotografías para respaldar sus denuncias de amenazas.

   Según fuentes jurídicas, David Pérez Lago cumple prisión por narcotráfico. Recientemente ha sido condenado a nueve años de prisión. La ex pareja de Moñux también cumple una condena de siete años de cárcel. Las mismas fuentes sostiene que el hijastro de Oubiña y la pareja de Moñux llegaron a tener una relación sentimental.

   En cuanto al resto de los procesados, sus defensas sostienen que estos no se coordinaron para cometer el crimen y niegan también que realizaran las vigilancias previas para el éxito de la operación

MUERTO A TIROS

   Los procesados fueron presuntamente contratados para cometer el asesinato, que se llevó a cabo cuando el letrado se encontraba en el interior de su coche, dentro de un garaje ubicado en el distrito de Chamartín.

   Según el escrito del fiscal, dos de los acusados se reunieron a finales de diciembre de 2008 en una cafetería con un tercero para hablar sobre el encargo recibido para acabar con la vida del letrado.

   Así, la persona que recibió el encargo propuso a otro de los acusados llevarlo a cabo a cambio de 60.000 euros. La víctima recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza. Los hechos ocurrieron sobre las 21.40 horas en un garaje ubicado en el número 14 de la calle Antonio Rodríguez.

RELACIONADO CON CASOS DE DROGAS

   El abogado, que solía trabajar en casos relacionados con el tráfico de drogas, representó a uno de los acusados --un policía de San Martín del Rey-- en la conocida 'Operación Pipol', en la que por primera vez se acusó a Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro (ambos imputados por la masacre del 11-M) de tenencia y tráfico de dinamita y detonadores.

   En este proceso, que comenzó en 2001, la Policía encontró 84 kilos de hachís, 3 de cocaína y casi 5 millones de las antiguas pesetas, además de descubrir 16 cartuchos de dinamita y 96 detonadores eléctricos.