MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (CCACM) acordó hoy durante una Sesión Extraordinaria interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid en demanda de los intereses de demora devengados como consecuencia de los retrasos en los pagos de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por los abogados de Madrid y Alcalá de Henares, informó hoy el CCACM.
En un comunicado, este organismo acusó al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, de incumplir los compromisos que adquirió el pasado febrero para mejorar la situación de la Asistencia Jurídica Gratuita en la Comunidad ante las amenazas de huelga.
Granados se comprometió entonces a regular los pagos y a que se revisara el baremo establecido en el año 2003. Además, aseguró que su Consejería establecería "los mecanismos presupuestados necesarios" para que en 2009 las cantidades se pagaran con regularidad.
Ante el incumplimiento de estas promesas, este organismo se reunió esta mañana en una Sesión Extraordinaria para abordar esta cuestión. Según los abogados, a día de hoy están pendientes de abono las certificaciones del primer y segundo trimestre del 2009 y no se ha recibido de la Comunidad de Madrid ninguna indicación concreta acerca de cuándo se va a materializar su pago.
El Consejo denunció que presupuesto de 2009 quedó prácticamente agotado con la liquidación pospuesta del año anterior. Los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares, tienen concertadas líneas de financiación con entidades de crédito para tratar de atender las necesidades de sus letrados del Turno de Oficio, asumiendo letrados y colegios los costes de esta financiación.
Asimismo, criticó que tampoco haya habido respuesta alguna a "los múltiples ofrecimientos de colaboración" que, desde "la debida lealtad institucional", han hecho los colegios de abogados de Alcalá de Henares y Madrid y este propio Consejo de Colegios, para mejorar el sistema dentro de los respectivos ámbitos competenciales del gobierno de la Comunidad y de los Colegios de Abogados.