Absuelto el exalcalde de Moralzarzal de la acusación de prevaricación en contratos menores

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exalcalde de Moralzarzal Juan Carlos Rodríguez Osuna y a una exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras de un delito de prevaricación administrativa en contratos menores al no apreciar "un fraccionamiento premeditado y artificial".

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se exonera al exalcalde y a la edil del delito continuado de prevaricación administrativa por el que se había formulado acusación.

En la argumentación, los magistrados esgrimen que "por encima de una objetiva irregularidad ocasional en la actuación, que a partir de la documentación analizada ni siquiera se aproxima a la dimensión que venía descrita en la calificación acusatoria inicial, no aprecian un fraccionamiento premeditado y artificial, como tampoco encuentran en los acusados evidencia de un ánimo prevaricador o intención de eludir la normativa".

"Asumiendo como innegable que la planificación contractual en el ámbito local permite cierta flexibilidad, la contratación analizada, a pesar de sus puntuales anomalías, no parece haberse efectuado sino en función de las necesidades del servicio, con subordinación al interés del municipio y en el contexto de una gestión municipal aparentemente cabal, lo que no termina de compadecerse con la genuina intención inherente al delito del artículo 404 Código Penal", concluye la Sala.

En el juicio, el exregidor defendió que su actuación en materia de contratación se ajustó a la legalidad vigente y que las acusaciones formuladas en su contra responden a "una invención del Partido Popular".

A los procesados, que integraban la formación Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!), se les imputaba un delito continuado de prevaricación administrativa por el presunto uso irregular de contratos menores durante los años 2016 y 2017. La defensa solicitaba la libre absolución de sus clientes.

La Fiscalía inicialmente solicitaba para cada uno de ellos una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique el ejercicio de funciones de alcalde, teniente de alcalde o concejal en cualquier corporación local durante ocho años. Sin embargo, la fiscal retiró en el juicio la acusación.

Según el exalcalde, el procedimiento de contratación municipal se inició utilizando el mismo sistema que había empleado anteriormente el PP en el Ayuntamiento y, posteriormente, fue adaptado a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Además, criticó que se les acusara por contratos correspondientes a un periodo anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa.

CONTRATOS MENORES

Según el Ministerio Fiscal, ambos responsables municipales habrían abusado de la figura del contrato menor, que utilizaron en más del 50% de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de eludir los procedimientos de licitación pública exigidos por la normativa de contratación administrativa.

El fiscal sostenía que los acusados fraccionaron de forma sistemática contratos con idéntico objeto y unidad funcional, aprobando facturas separadas para evitar superar el límite legal de 18.000 euros establecido para los contratos menores de servicios. Esta práctica, señala el escrito, permitió "favorecer a determinadas empresas en perjuicio de otras, vulnerando los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato".

Durante el periodo investigado, el entonces alcalde habría aprobado contratos pese a los reiterados reparos de legalidad formulados por el vicesecretario interventor municipal, quien advirtió en varias ocasiones de la irregularidad de las contrataciones. En todos los casos, el regidor resolvió las discrepancias levantando los reparos de la Intervención.

Entre los contratos cuestionados figuran actuaciones de mantenimiento de edificios públicos, con facturas que superaron los 45.000 euros en 2016; el mantenimiento de zonas ajardinadas, adjudicado de forma fraccionada a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., con importes que excedieron los límites legales tanto en 2016 como en 2017; y el suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que alcanzó más de 22.700 euros en un solo ejercicio.

El fiscal también denuncia una prórroga tácita prohibida por ley en un contrato de mantenimiento de zonas verdes, así como irregularidades en campañas de publicidad municipal, alquiler de equipos de sonido y otros servicios considerados permanentes y recurrentes, que debieron tramitarse mediante procedimientos abiertos.

Para el Ministerio Público, J. C. R. O. actuó como autor material del delito, mientras que S. V. B. participó como cooperadora necesaria, al rubricar y tramitar las contrataciones desde su concejalía.