El autor de la querella inicial contra el magistrado pide 10 años de inhabilitación y una multa de 2.160 euros
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El abogado Ignacio Peláez, el primero que se querelló contra Baltasar Garzón por las escuchas a abogados del 'caso Gürtel' en la prisión de Soto del Real (Madrid), ha presentado este jueves ante el Tribunal Supremo su escrito de acusación contra el magistrado, en el que propone como medios de prueba la declaración de los magistrados instructores del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y en el de la Comunitat Valenciana, José Flors, los funcionarios de la Policía que hicieron las grabaciones y las fiscales Anticorrupción que han estado a cargo de este proceso, Concepción Sabadell y Myriam Segura.
El letrado considera que Garzón cometió un delito de prevaricación otro de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de las garantías constitucionales, por lo que le pide que se le imponga una multa de 2.160 euros y 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público.
Según señala el abogado en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Garzón "hizo caso omiso y de forma totalmente consciente y a sabiendas de la absoluta ilicitud" de las escuchas realizadas a los presuntos cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados, "no sólo consintió que se intervinieran esas comunicaciones, sino que, como obra ya en las actuaciones, fueron unidas a la misma".(causa 275/2008).
"Pero es que, además, el contenido de esas comunicaciones ha sido utilizado tanto por los funcionarios de policía como por el propio juez acusado, para de forma absolutamente ilícita, utilizarlas en la investigación e instrucción del procedimiento denominado 'caso Gürtel', añade el letrado.
El abogado subraya que el magistrado "con pleno conocimiento, y sabiendas de su improcedencia e ilicitud" dictó en febrero y en marzo de 2009 autos en los que acordaba estas escuchas a los presuntos cabecillas de la trama --Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-- en el centro penitenciario, con los letrados personados en la causa porque consideraban que los abogados "podrían estar aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella", y en concreto con un defensor que desconocía que estaba imputado en la causa.
DATOS EXCULPATORIOS PARA CAMPS
Asimismo, destaca que Garzón no envió la pieza separada referida a la intervención de las comunicaciones de abogados y presos al TSJCV cuando "se recogían datos que exculpaban de forma clara" al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
En este punto, señala que si bien el fiscal interviniente en este procedimiento ha sostenido que sí que se había enviado esta pieza separada, el TSJCV, a través de una nota de prensa, aseguraba que no había sido decisión de este órgano el no incorporar a la causa la grabación de las conversaciones que favorecían a uno de los imputados en el 'caso Gürtel'.
Asimismo, apunta que en el auto de febrero por el que se acordaba la intervención de las comunicaciones, el magistrado "ya se requería a los policías que iban a hacer la misma que deberían informar al juzgado con la correspondiente transcripción quincenalmente del contenido de las comunicaciones, por lo tanto es evidente que el juez instructor ya había sido informado y conocía el contenido de las comunicaciones", que le incluían a él mismo, antes de que declarara su representado.
