La agenda judicial de 2026 incluye los juicios al novio de Ayuso, a Luis Lorenzo y a Noelia Posse

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La agenda judicial de 2026 en los tribunales madrileños incluye juicios mediáticos como el que sentará en el banquillo de los acusados a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el caso del presunto fraude fiscal y al actor Luis Lorenzo por la causa relacionada con el supuesto trato vejatorio a un familiar.

La causa contra González Amador, pareja de la presidenta regional, por presunto fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, ha dado uno de sus pasos más significativos con la apertura de juicio oral acordada por la magistrada Carmen Rodríguez Medel tras concluir la instrucción el pasado mes de septiembre.

El fiscal y la Abogacía del Estado solicitan penas de hasta tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales, mientras que las acusaciones populares elevan esa petición hasta cinco años de prisión al incluir el cargo de pertenencia a grupo criminal. La causa ha sido declarada competente para el Juzgado de lo Penal de Madrid y se prevé que el juicio tenga lugar durante 2026.

La agenda judicial también contempla juicios vinculados a casos conocidos como el denominado 'caso ITV'. Aunque aún no está señalado, está previsto que este año se siente en en banquillo de los acusados la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y ocho miembros del Gobierno municipal en la anterior legislatura.

La Fiscalía de Madrid le pide doce años de inhabilitación. En esta causa se investigó si hubo perjuicio a las arcas municipales cuando el Ayuntamiento decidió condonar la deuda a una empresa que se encarga de hacer las revisiones técnicas de los vehículos.

También será juzgado el exactor Luis Lorenzo, cuyo juicio está igualmente pendiente de señalamiento para 2026 tras presentarse ya los escritos de acusación contra el actor, Arantxa Palomino y una cuidadora.

Se les acusa de obligar presuntamente a la tía de la exmujer del actor a trasladarse desde Grado (Asturias) a su domicilio de Rivas Vaciamadrid, y mantenerla aislada de forma "sistemática", sometiéndola a un "trato vejatorio" hasta que falleció tres meses y medio después.

A finales de marzo, la jueza abrió juicio oral por la presunta comisión por Luis Lorenzo de un delito contra la integridad moral y un delito continuado de administración desleal; o de un delito continuado de estafa agravada; un delito de detención ilegal o de coacciones; y un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Asimismo, se procedió a este trámite por la presunta comisión por Arantxa Palomino de los mismos delitos y además de un delito de falsedad documental; y por la posible comisión por la cuidadora del delito contra la integridad moral; o del de detención ilegal o coacciones y un delito de maltrato.

La fiscal solicita para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino seis años de cárcel por el delito contra la integridad moral y el continuado de administración desleal. El 28 de junio de 2021 la mujer falleció en el domicilio de los acusados sin que haya podido determinarse la causa de su muerte.

SUPUESTO MALTRATO EN COLMENAR

Otro de los juicios pendiente de juicio es el que sentará en el banquillo de los acusados a los dos padres de Colmenar Viejo procesados por la presunta comisión de delitos continuados de maltrato físico, psicológico y sexual contra sus ocho hijos menores, hechos que se produjeron desde 2015 hasta 2023.

En el escrito de acusación de la Comunidad de Madrid se interesa al juez la apertura de juicio oral y se solicita una condena de 225 años para el padre por delitos de lesiones, maltrato y agresión sexual, detención ilegal y trato degradante, entre otros.

A la madre se le solicita una pena de 178 años de cárcel. Una vez que se dicte la apertura de juicio oral, la causa pasara a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento.

Los padres fueron detenidos el 29 de marzo de 2023 por indicios de abandono y maltrato continuado por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, en el marco de una investigación del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Tras la intervención judicial, los ocho hermanos quedan bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

Los tribunales madrileños afrontan así un ejercicio judicial de gran carga mediática, con la consolidación de juicios derivados de investigaciones prolongadas y la presentación de escritos de acusación que marcan la hoja de ruta procesal.