La presidenta no convocará a Gallardón porque ella "representa al conjunto del PP de Madrid como presidenta"
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mostró hoy "receptiva" a la propuesta planteada por el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, de modificar los preceptos de la Ley de Cajas regional señalados como sospechosos de inconstitucionalidad por el Gobierno central.
Según informó el consejero de Economía, Antonio Beteta, el Gobierno regional estudiará estos cambios, pero con el objetivo de proceder a la renovación de cargos dentro de Caja Madrid este mismo año. "Estamos preocupados porque en ningún caso queremos que no haya elecciones en Caja Madrid. La decisión del Gobierno es que no se puede permanecer indefinidamente en el tiempo, como parece ser que es el deseo profundo de algunos miembros del Consejo de Administración, y en consecuencia, vamos a analizar la propuesta genérica que nos ha hecho el PSOE con el fin de ver cómo es posible llevar a cabo este proceso electoral", manifestó Beteta a los periodistas al término de las dos horas de reunión.
El consejero indicó que el Gobierno regional cree "perfectamente posible" llevar a cabo el proceso en los plazos previstos, es decir, que antes de que termine este año haya una nueva presidencia en la caja de ahorros que sustituya a Miguel Blesa y un nuevo consejo de administración fruto de la renovación de los sectores de la Asamblea de Madrid, Ayuntamientos y la representación social.
Beteta manifestó que el secretario general de los socialistas se mostró favorable a la renovación de cargos, puesto que es un elemento para dar "estabilidad a la caja ya que la limitación de los miembros está fijada en la Ley de Órganos rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA)". Fuentes socialistas indicaron a Europa Press que efectivamente respaldan la celebración del proceso, pero sin fijar fechas como pretende el Gobierno regional.
Y es que la solicitud del líder de la oposición fue encaminada a defender la "legalidad y la estabilidad" en Caja Madrid, y por tanto proceder a la adaptación de la Ley de Cajas de acuerdo a la LORCA, para lo cual es necesario, a su juicio, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sindicales representadas en la entidad. "Cuantos más se sumen, mejor para los ciudadanos", indicó Gómez.
El Gobierno regional entiende que el texto de la Ley de finales de 2008 es plenamente constitucional y está dentro del ordenamiento jurídico, pero Beteta insistió en que están dispuestos a estudiar cambios en la Ley como reclama el PSOE "para enmarcarla dentro de su intención de que haya un proceso electoral".
Incluso avanzó que "no es imprescindible" esperar una resolución del Tribunal Constitucional puesto que para la admisión a trámite hay cinco meses, que sumados a agosto, llevarían a fin de año, mientras que la sentencia podría tardar años. "No es lógico y natural que el consejo de administración de Caja Madrid actual se perpetúe durante años y en consecuencia hay que buscar el método más eficiente para buscar unos nuevos Estatutos que posibiliten el proceso en el plazo legalmente establecido", indicó.
"Hemos obtenido una buena receptividad por parte de Esperanza Aguirre y estoy convencido de que se va a iniciar un proceso para dar estabilidad a Caja Madrid, que nunca debería haber perdido esa estabilidad", opinó Gómez, que indicó que la situación actual se debe a las guerras internas del Partido Popular.
Asimismo, insistió en que en el futuro la entidad debe contar con técnicos en los órganos y cargos de dirección, puesto que debe ser en este momento el mejor instrumento financiero de esta región para luchar contra el paro y la crisis económica. "Es momento de legalidad y estabilidad", dijo Gómez, para que "Caja Madrid nunca más vuelva a ser noticia por bloqueo de sus órganos".
CON GALLARDÓN, NO
Por otra parte, Beteta reconoció que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "no forma parte de los diálogos políticos" emprendidos por la jefa del Ejecutivo en esta ronda de negociaciones sobre Caja Madrid, "puesto que es miembro del Partido Popular", y la presidenta de este partido es Aguirre y "en consecuencia representa al conjunto del Partido Popular".
Ante estas declaraciones, y preguntado por la razón por la que aguirristas y gallardonistas votan cosas diferentes en los órganos de Caja Madrid, Beteta dijo: "Eso lo tendrá que responder quien no sigue las directrices del Partido Popular de Madrid". En el futuro, prevé reunirse no obstante con el resto de los actores en Caja Madrid, entre ellos, Izquierda Unida.
Sin embargo, la posibilidad de acuerdo con los socialistas no amilanó a Beteta para arremeter contra el recurso presentado por la Abogacía del Estado, puesto que a su juicio busca "tapar lo que ha sucedido en Castilla-La Mancha". "Cualquiera que analice la documentación remitida por el Gobierno de la nación verá que han tenido que hacer enormes esfuerzos para poder justificar una demanda tan pobre como la que han llevado a cabo", manifestó Beteta.
En este sentido, destacó que ha habido seis leyes autonómicas que contienen igual limitación a la participación de otros municipios como lo ha hecho la Comunidad de Madrid en Caja Madrid, "y sin embargo el Gobierno no lo ha recurrido en los cinco años que llevan la LORCA en su nueva redacción". "Igualmente, el Constitucional, respecto a Murcia, ya reconoció expresamente la capacidad de una Asamblea legislativa de limitar el porcentaje de participación de algún ejecutivo regional", añadió.
Así, citó que en la Comunidad de Castilla La Mancha todos los municipios pueden tener como máximo un miembro en la Asamblea general, independientemente del tamaño, mientras en Galicia se hace por sorteo y en la Comunidad de Castilla y León si el número de impositores de esa caja llega al 5 por ciento del total de habitantes de dicho municipio están excluidos de representación. "Si eso es el principio de igualdad que venga Dios y lo vea", expresó.
Aguirre convocó telefónicamente al líder socialista el pasado jueves, en el marco de una ronda de contactos que inició para abordar el espinoso asunto de Caja Madrid y la aplicación de la nueva Ley de Cajas a los Estatutos y el Reglamento electoral de la entidad. Esa cita se fijó por tanto antes del anuncio por parte del Gobierno central de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley regional.
Ésta es la segunda reunión bilateral que mantiene la presidenta del Ejecutivo con el líder de la oposición, después de la que mantuvieron el 10 de noviembre de 2008 y en la que pactaron la creación de una comisión parlamentaria de estudio de los modelos de gestión sanitarios.
Desde entonces, han sido más los desencuentros que la armonía entre los dos políticos madrileños, especialmente, con motivo del cierre prematuro -según el PSOE-- de la comisión respecto a la presunta trama de espionaje de la Asamblea de Madrid que ha llevado a Gómez a un boicot de los actos del Gobierno regional que culminará con su ausencia de la conmemoración del 2 de mayo.
